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17 de abril de 2018, 4:00 AM
17 de abril de 2018, 4:00 AM

Esta es una provocación entrañable para los nacidos en los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Potosí, dirigida a donde se encuentren en todo el territorio nacional.

Estudiando el patrón migratorio de las zonas rurales y el crecimiento poblacional de las ciudades de esos tres departamentos, podemos prever un despoblamiento cada vez más acelerado; son las razones el cambio climático, la ausencia de satisfactores básicos que van desde la salud, educación, energía, agua, hasta los procedimientos administrativos de carnetización, registro civil, oficinas bancarias, juzgados y ausencia de centros de apoyo económico. 

Oruro tiene 35 municipios, de los cuales 27 tienen una población menor a 10.000 habitantes, con carencia de la mayoría de las condiciones señaladas y, por ello, con dificultad para mantener la población en el territorio. El departamento de Chuquisaca, de 10 provincias, 8 ya tienen crecimiento negativo, es decir, que pierden tendencialmente población entre los últimos censos. Y Potosí, en su área altiplánica, tiene una población con similar comportamiento.

En las actuales condiciones económicas del Estado y luego de 10 años de ingresos exorbitantes que no modificaron estructuralmente estos índices de manera real, podemos suponer que la población de esos territorios no recibirá súbitamente de lo que carece, y a pesar de que se construyen escuelas, microhospitales, carreteras o aeropuertos, hay un componente ausente en torno al desarrollo económico expresado en la falta de oportunidades, porque se relacionan a condiciones internacionales de mercados y precios para los productos de la tierra. 

Por la realidad boliviana, gran extensión y poca población en relación con el territorio, estamos frente a una situación estructural para la que el Gobierno central no ha ofrecido una estrategia integral de desarrollo rural y urbano; a las observaciones que se formulan, recibimos respuestas relacionadas con la realización de obras dispersas de dudosa sostenibilidad. Para decirlo de otra manera, si los habitantes de las áreas rurales, principalmente de esos tres departamentos, esperan soluciones prontas y efectivas del Poder Ejecutivo central, ellas tardarán en llegar.

En la historia de Bolivia, el federalismo fue condenado por las oligarquías mineras y por el poder militar, y se acompañó como chantaje por una supuesta ruptura de la soberanía territorial, enjuiciándose las voces que reclamaban decisiones a gobiernos lejanos de las necesidades de la gente; sin embargo, en el estudio de soluciones reales y efectivas encontramos que estas vendrán solamente si los habitantes desde los territorios las asumen y deciden radicalmente. 

¿Pueden ser acusados de contrarios a la unidad nacional los habitantes de Chuquisaca, Oruro y Potosí que, frente a una tendencia inexorable que los condenaría a la pérdida de población y por ello de expectativa de desarrollo, demandan mayor autonomía para planificar y ejecutar su futuro, antes que disminuyan sus posibilidades reales? Esa es una pregunta cuya respuesta tendríamos que escuchar de los habitantes de los 9 departamentos, pero principalmente de aquellos que están en situación más desventajosa.

Históricamente esto no es nuevo. “Todos (los departamentos) viven completamente aislados, sin relaciones de ningún género; sus intereses los relacionan más bien con pueblos de las repúblicas vecinas. Solo están unidos por la tiranía y por la bayoneta del más audaz, que nutre al ejército que lo sostiene y a los parásitos que lo adulan. (…) En el sistema federal bastaría el orden en la administración y recolección de los fondos del Estado para que se duplicaran nuestros ingresos”. Carlos V. Romero, “Disertación sobre el Principio Federativo”, leída el 6 de agosto en Sucre en 1878.

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