El desafío del nuevo fiscal
Un nuevo fiscal general del Estado ha sido elegido por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Juan Lanchipa Ponce, de 55 años, se convertirá en la cabeza del Ministerio Público, tras un proceso de selección que ha tenido varias observaciones, la principal referida a que se lo considera un hombre afín al Gobierno del MAS, muy cercano al ministro de Justicia y además ex servidor público de una entidad dependiente del Estado.
La Fiscalía General del Estado llega a este momento con un considerable desprestigio y falta de credibilidad. Hay suficientes denuncias de que muchas de sus actuaciones sirvieron al poder, en lugar de cuidar fielmente los intereses de la sociedad. Ya el fiscal saliente, Ramiro Guerrero, fue cuestionado también por ser ex funcionario masista (representante de ese partido en la Asamblea Constituyente).
La ley del Ministerio Público, en su artículo 21, inciso 1 define la incompatibilidad con el ejercicio del cargo a “la militancia activa o dirección en partidos, agrupaciones u organizaciones políticas, que se encuentren registrados en los libros del Órgano Electoral Plurinacional”. Si bien este extremo no corresponde ni a Guerrero ni a Lanchipa, su pasado institucional de desempeño para el Gobierno genera desconfianza en la ciudadanía.
Más allá de las razonables susceptibilidades, Lanchipa tiene el desafío de mantener la independencia del Ministerio Público, de cumplir y hacer que su institución cumpla la función constitucional de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, sin favorecer al poder político de turno.
Aparte del sesgo político que se le atribuye a la Fiscalía General del Estado, hay una mancha oscura sobre su imagen que tiene que ver con la probidad y honestidad de sus representantes. Al ejercer la acción penal pública, en representación de la sociedad, el Ministerio Público está bajo permanente tela de juicio por denuncias de corrupción, las cuales no han podido ser eliminadas ni siquiera con algunos cambios propuestos en los últimos meses. Asimismo, se le atribuye ser parte de la retardación de justicia y de los casos de injusticia conocidos públicamente, como el del médico Jhiery Fernández, condenado sin pruebas de los fiscales a 20 años de cárcel por un crimen que no cometió, solo por citar uno de muchos ejemplos.
Lanchipa llega a la Fiscalía como una figura controvertida aun en el oficialismo, ya que no fue elegido en una primera vuelta, sino en la segunda, después de que la cúpula masista en la Asamblea Legislativa impusiera ‘disciplina’ entre los representantes de ese partido, a fin de que se logren los dos tercios para la elección.
Sin duda no es un buen inicio; sin embargo, es de esperar que el nuevo fiscal sea consecuente con la Constitución, con las leyes y con la sociedad. El país demanda un cambio de fondo en la institución que dirigirá desde el 23 de octubre.
