El alza en el precio de la energía

El Gobierno ha dispuesto el incremento en el costo de la electricidad para los usuarios domiciliarios. Subirá un 2,5% para los que consumen entre 500 y 1.000 kilovatios por hora; un 11% para los que utilizan más de 1.000 kW y un 0,45% para todos los usuarios y en todas las categorías, debido a un ajuste en el Índice de Precios al Consumidor.

Como era de esperarse, la medida ha provocado malestar en la ciudadanía y en un importante sector de la empresa privada, así como las cooperativas de agua. El Gobierno responde que la medida busca propiciar un consumo consciente y racional de electricidad; el ministro del área señala que es exagerado utilizar más de 1.000 kW en un domicilio.

Según la información proporcionada por el Gobierno, el departamento donde hay mayor consumo de electricidad es Santa Cruz, donde el uso de aire acondicionado o del ventilador es habitual y hasta lógico por las altas temperaturas que imperan durante la mayor parte del año. En esta región se utiliza un tercio de la energía que se genera en el país.

Los pequeños empresarios están muy preocupados porque, en muchos casos, trabajan y generan fuentes de empleo desde sus domicilios, debido a que el costo de alquilar oficinas o talleres es muy alto frente a exiguos ingresos. Por su parte, las cooperativas señalan que esta medida determinará el incremento en las tarifas de consumo de agua potable, en cuyo presupuesto el 30% corresponde a la energía que compran.

Dirigentes vecinales y cívicos de varias capitales ya comenzaron a ejercer medidas de presión para revertir o, al menos, atenuar esta medida, que se efectivará en la factura de mayo. 

La decisión de aplicar este incremento llega casi inmediatamente después de decidir el incremento salarial del 5,5% para el salario básico y del 3% para el salario mínimo nacional. El sector privado ya venía preocupado por esta obligación laboral, a la que se suma un costo adicional por el uso de electricidad. Sus representantes han anticipado que las decisiones del Gobierno están poniendo en peligro el empleo formal y dando espacio a un deterioro en la calidad de las condiciones de trabajo de los asalariados.

También es probable que este incremento impacte en el costo de otros servicios, además de la electricidad, como el agua potable y otros.

En tal sentido, es de esperar que las medidas del Gobierno tomen en cuenta que la realidad económica de las familias, del ciudadano de a pie, no está para grandes gastos y que se resiente cuando le tocan el bolsillo y se encuentra con que la austeridad a la que lo obligan no es la misma que se ve en las esferas del poder.