El Estado está en deuda con Santa Cruz
Santa Cruz es el departamento más poblado de Bolivia, es el que más acoge la migración que llega desde dentro y fuera del país. Por consiguiente, es el departamento con mayor demanda de servicios básicos, de educación y de salud. Las autoridades nacionales lo saben, pero no actúan en consecuencia, ya que poco o nada se ha hecho para paliar las necesidades insatisfechas.
La Gobernación cruceña dio un ultimátum al Gobierno nacional anunciando que no pagará ítems de salud, prediario para los presos de Palmasola, la parte que le corresponde por desayuno y almuerzo escolar, contrapartes de carreteras, entre otras obligaciones. Argumenta que no tiene dinero, que ha sufrido muchos recortes económicos y exige un nuevo pacto fiscal. No obstante, hay que reconocer que faltó iniciativa y gestión de las autoridades departamentales para reaccionar antes de llegar al estado actual de las cosas.
El Gobierno admite la caída de ingresos por exportación de hidrocarburos, pero a la vez dice que la Gobernación cruceña ha seguido recibiendo recursos para cumplir sus obligaciones, que incluso le ha sobrado dinero en caja durante las gestiones de 2016 y de 2017 y que es falso que esté sometida a una asfixia económica. El ministro de la Presidencia además señaló que el Gobierno nacional también invierte en el departamento de Santa Cruz.
No obstante, hay deudas históricas con Santa Cruz que el Estado nacional no puede soslayar. Por ejemplo, la constante falta de ítems para salud, los cuales deben ser cubiertos por la Gobernación y la Alcaldía, que emplean recursos para el pago de personal en lugar de utilizarlos en mejorar la calidad de atención y la infraestructura. Otra muestra de ese trato injusto ha sido la promesa de una encuesta intercensal que permita actualizar la cantidad de recursos de coparticipación e IDH con base en su población creciente. Ya pasaron seis años y el procedimiento no se realiza, ni siquiera está en los planes.
Frente a la propuesta de establecer un nuevo pacto fiscal que permita redistribuir los ingresos nacionales, el Gobierno central ha respondido que las gobernaciones deben ser capaces de generar sus propios recursos y plantea que la asignación de dinero se mantenga.
Las posiciones parecen irreconciliables y la falta de un acuerdo entre el nivel central y el nivel departamental puede generar graves consecuencias para la población más vulnerable. Por eso urge un diálogo sincero, carente de intereses políticos para hallar las mejores soluciones pensando solo en el bienestar ciudadano.
Santa Cruz acoge con los brazos abiertos a miles de migrantes cada año y debería tener la solidaridad de las autoridades nacionales y de los otros departamentos para que sus ingresos sean coherentes con ese crecimiento poblacional que, de lejos, supera la media nacional. Basta de creer que porque aquí hay un mejor índice de desarrollo humano, se carece de pobreza o de necesidades básicas.
