¿Derecho humano a la reelección?

El 20 de marzo de 2018, la Comisión de Venecia, mediante su Estudio 908/2017, presentó el informe sobre los límites a la reelección. El mismo fue motivado, mediante una comunicación de fecha 24 de octubre de 2017, por el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que invitó a la Comisión de Venecia a realizar un estudio sobre el derecho de reelección, dentro del contexto de una mala práctica que se ha venido observando recientemente, que consiste en modificar los periodos presidenciales a través de una decisión de las cortes constitucionales y no de un proceso de reforma. 

En ese sentido, se realizó un relevamiento comparativo de las disposiciones constitucionales sobre los límites a la reelección presidencial en los Estados miembros de la Comisión de Venecia y otros Estados seleccionados. Dicho estudio incluyó tanto a los regímenes presidenciales (o semipresidenciales) como a los parlamentarios y, en estos últimos, a los presidentes electos tanto directa como indirectamente. La OEA planteó cuatro preguntas, una de ellas fue: ¿existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿qué límites tiene este derecho? En respuesta a ello, la Comisión sustentó que “un reconocimiento amplio del derecho a la participación política en los tratados  internacionales  no  admite  tal  insuficiencia.  No  existen  tampoco  evidencias empíricas que puedan demostrar que el contenido actual del derecho de postularse en una elección es  insuficiente  para  garantizar  la  participación  en  la  función  pública. Por el contrario, parecería que las circunstancias que generaron la  restricción más común al derecho de contender por cargos (por ejemplo, la necesidad de evitar que los titulares en funciones tomen ventaja de su posición para perpetuarse en el poder o abusar de los recursos públicos)”. 

En definitiva, la Comisión de Venecia sostuvo que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de postularse para un cargo para otro periodo previsto en la Constitución es una modalidad o una restricción del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.