Rumbo a la primera década de los sucesos sangrientos que lo originaron, el Juicio del Siglo ha atravesado casi todas las vicisitudes de un proceso cuestionado por múltiples irregularidades, sumadas a la imposibilidad de los acusadores de aportar pruebas indubitables de que en Santa Cruz se gestaba una campaña secesionista para establecer una nueva nación.  

En la cúspide de las vicisitudes está la confesión del gestor de la tesis acusatoria, el exfiscal Marcelo Soza, de que el legajo fue concebido para atacar al liderazgo cívico cruceño y afirmar el control del Gobierno central sobre la región. La carta con la confesión del exfiscal no fue admitida como prueba por el tribunal.

Un lugar prominente en la cúspide lo ocupa la salud. Tres de los acusados fueron separados del proceso cuando los informes médicos concluyeron que asistir a las audiencias podría resultarles fatal. Las tres jueces, del total de cuatro magistrados, cayeron, en distintos momentos, abatidas por varias dolencias y las sesiones tuvieron que ser interrumpidas. 

Desde la semana antepasada, el juez con salud invicta, el presidente del tribunal Sixto Fernández, estaba internado en un hospital de La Paz, aquejado por dolencias de origen diabético. El tribunal podría funcionar con tres jueces, pero la juez técnica Elena Gemio, la única presente en la sesión el lunes pasado, anunció la suspensión hasta la segunda semana de julio. El lapso supera con holgura los 10 días aplicados para suspensiones intersemanales. 

La baja del juez ocurrió a contrapelo de una maratón de sesiones impuesta por el propio magistrado con miras a dictar sentencias a fines de año: suprimió la pausa de una semana tras cada semana de audiencias y dispuso que en los días lunes haya sesiones matutinas. Antes, las audiencias del lunes empezaban por la tarde para facilitar la llegada de los que residen en otras ciudades. En su versión burocrática, el Juicio del Siglo parecía marchar a todo vapor.

Desde noviembre, las audiencias están dominadas por la monotonía con la lectura de números telefónicos correspondientes a llamadas recibidas o hechas por los acusados y los supuestos protagonistas de la alegada conjura secesionista. 

Son miles de páginas con números que, a simple vista, nada dicen. Incluso con la eliminación de listas con fajos de números de Cotas dispuesta por los fiscales, nadie garantizaba que la lectura tendría un pronto final. 

Eso era hasta el malestar que se abatió sobre el juez Fernández.