Cuando la política controla la economía
La economía y la política son dos herramientas que nos permiten entender, interpretar, pero sobre todo, modificar realidades. Ambas nacen con la aparición del ser humano como ser social; inseparables e interdependientes entre sí, pero diferentes en su condición propia y en las leyes internas que las rigen.
En la actualidad, la globalización, el desarrollo de las tecnologías de la información y el retroceso de las grandes ideologías han redefinido la relación entre la economía y la política, no tanto en esencia, sino en sus objetivos, lo que ha generado en muchos casos que la complementariedad y la armonía con que interactúan se conviertan en tensiones, especialmente cuando una de ellas pretende neutralizar, controlar o subsumir a la otra, como ha ocurrido en ciertos modelos ideológicos imperantes.
Cuando las recetas macroeconómicas han definido la orientación política o social, hemos tenido como resultado crecimiento sostenido, pero mayor inequidad; en cambio, cuando la política definió el modelo económico, la equidad fue mayor, pero colapsó la sostenibilidad y disminuyó la formalidad. De ahí que el pensamiento moderno plantea un modelo intermedio, armonizado y equilibrado como el más adecuado.
Nuestro caso no ha sido la excepción. La historia de Bolivia ha estado definida por grandes ciclos económicos asociados a la explotación de recursos naturales, que a su vez han generado la emergencia de modelos políticos a partir de los periodos de bonanza, desaceleración y, en ocasiones, crisis, que han perfilado distintas formas de administrar o gestionar la casi siempre insuficiente riqueza.
Al final han sido la producción y la riqueza, traducidas en bienestar social, las que han definido nuestro avance o retroceso como sociedad, aunque también es evidente que, en muchos casos, épocas de crecimiento no se tradujeron en mejor calidad de vida o en más justicia e igualdad. Estos procesos y sus resultados siempre han tenido que ver con la relación entre la política y la economía, específicamente con la forma en que los actores del poder han administrado la interdependencia de las dos dimensiones.
Los políticos, si no tienen experiencia de gestión económica o carecen de asesores que, además de estudiar hayan producido, suelen entender la economía como un proceso uniforme, mecánico y ajustable a sus propias visiones y, por eso, muchas veces los resultados de sus decisiones pueden desestabilizar los mecanismos estructurales de desarrollo y crecimiento.
La diferencia es que las decisiones políticas equivocadas afectan solamente al sostenimiento y a la reproducción del modelo de poder; sin embargo, las malas decisiones económicas pueden tener consecuencias perniciosas que afecten a generaciones completas, básicamente porque los procesos económicos son tan complejos como implacables, mientras que los políticos son igual de complejos, pero mucho más flexibles y adaptables.
Actualmente estamos viviendo un proceso desequilibrado donde las políticas económicas, laborales, fiscales, impositivas e incluso productivas son creadas desde el enfoque político, sin un análisis que incluya la realidad de los agentes económicos, especialmente del sector privado. Este modelo puede generar apoyo o simpatía, pero ya está causando tensiones por medidas como el segundo aguinaldo, pero sobre todo activa el riesgo de conducirnos a un estado donde los grandes avances logrados en materia social y de crecimiento pierdan el eje que los sostiene y que las decisiones políticas socaven tanto los pilares de su estabilidad que nos hagan colapsar irremediablemente.
Por ello, es imprescindible que los bolivianos construyamos el equilibrio necesario entre las decisiones y orientaciones políticas y el desarrollo de una economía sólida y sostenible que nos permita construir un país como el que soñamos y merecemos.
