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| 21/02/2018


Atentados en Oruro, otra lección que aprender

 El sábado 10 de febrero una enorme explosión provocó la muerte de ocho personas y más de 40 heridos, a 100 metros de la avenida principal del carnaval de Oruro, donde había una gran concentración de gente. Inicialmente se habló de la explosión de una garrafa de gas; sin embargo, los indicios no daban señas de los fragmentos de la supuesta garrafa ni se detectó escape de gas e incendio previo a la explosión, típico en este tipo de accidentes. Por lo tanto, esta teoría queda descartada, a menos que aparezcan las evidencias. A las 72 horas (martes 13), se produjo la segunda explosión de similar potencia que la primera, provocando la muerte de cuatro personas y más de 30 heridos. Las autoridades de gobierno manifestaron que fue un artefacto explosivo, compuesto de dinamita y Ammonium Nitrate Fuel Oil (ANFO).

Si bien es cierto que los criminales o terroristas siempre encontrarán una manera de burlar las medidas de seguridad del Estado, en esta segunda explosión se demuestra la inoperancia e ineptitud del Gobierno para proteger a sus ciudadanos, ya que se pudo evitar que haya más víctimas, si se ejercían medidas preventivas de seguridad para la población tras el primer atentado. Hay responsabilidad en diferentes grados en la cadena de mando.

Hay mucha relación entre ambas explosiones por lo siguiente: no fueron aisladas dada la cercanía entre ambas, la onda expansiva es de similar alcance, el daño físico a las víctimas es similar, la intensión y la elección del lugar fueron cuidadosamente planificadas. Como 500 años atrás, la pirámide de las victimas está formada por los pobres en la cúspide; estos criminales eligieron gente por quienes nadie va a reclamar; luego eligieron el lugar de gran concentración de personas; y, por si fuera poco, eligieron el día de un acontecimiento que constituye el patrimonio cultural del país y de la humanidad. Pero ¿cómo definir a estos actos delincuenciales? ¿Podrían ser actos terroristas? Veamos el significado, el ‘terror’ históricamente y de manera explícita fue utilizado como una táctica política durante la Revolución Francesa para aplastar la resistencia del pueblo, significó llevar a la guillotina a miles de aristócratas. Atentado terrorista es la acción violenta provocada por una o varias personas para causar miedo, sus fines pueden ser políticos, económicos, sociales, culturales o religiosos; en consecuencia.

Lo ocurrido el sábado 10 y martes 13 fue un acto terrorista. Además, fue corroborado por un militante masista, a tiempo de atribuir el atentado a la “ultraderecha”; sin embargo, esto último es poco probable, porque una ultraderecha para que sea considerada como tal, debe tener dos componentes: el político y el militar. El primero para alcanzar el poder y el segundo para coadyuvar al logro de los fines definidos por la política. Cabe resaltar que un acto terrorista

no precisamente proviene de una oposición sino también de gobiernos que cuentan con personas ‘desviadas’ que acuden al vandalismo para enojar al pueblo, luego se ofrecen como los salvadores y de esta manera acaban con las protestas y manifestaciones contrarias.

El presente atentado es un problema de Estado, consiguientemente las investigaciones deben pasar a la jurisdicción de las FFAA, (con el apoyo de la Policía nacional), en cumplimiento al art. 244 de la CPE. La misión fundamental de las FFAA es defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad de Estado, y al RC 00-01 del Ejercito, Secc ‘C’ la seguridad Interna. La Policia Boliviana no está a cargo de

la seguridad interna, su misión según la CPE art 251. Es “la defensa de la sociedad y conservación del orden público…”

Finalmente; debemos a nuestros hijos, el librarlos del terror “ahora” para que puedan crecer en una sociedad libre, en una sociedad sin temor; esperamos que los resultados de las investigaciones no apunten como responsables a “convictos de Palmasola o de Chonchocoro” (como en otros casos). Hoy se juega la capacidad profesional e idoneidad de los policías y militares.

A tiempo de evitar un teatro político con las investigaciones, se espera justicia inmediata, severa e inflexible.





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