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25 de noviembre de 2017, 4:00 AM
25 de noviembre de 2017, 4:00 AM

El plan de ordenamiento de mercados iniciado por el gobierno municipal de nuestra ciudad es, sin duda alguna, una de las iniciativas más importantes encaradas hasta ahora por la actual administración. Para nadie es desconocido que Santa Cruz de la Sierra hoy se parece mucho a un mercado gigante, donde quien quiere vende cualquier cosa, donde y como le dé la gana.

El plan municipal de traslados consiste básicamente en retirar de las calles a miles de vendedores ambulantes que se ubican en los alrededores de tres grandes mercados urbanos: Los Pozos, La Ramada y Abasto. La iniciativa es oportuna y necesaria; sin embargo, el municipio cruceño arrancó con el pie izquierdo al optar por negociar con los gremiales el cumplimiento de la ley, comprometiendo, a manera de compensación, la construcción de mercados para poder recuperar el espacio público, que es propiedad de todos los ciudadanos. A partir de ese hecho, el gobierno municipal destapa su condición de rehén de los gremialistas, que plantean un problema para cada solución: cuestionan el traslado mismo, que hay pocos puestos, que los puestos son muy pequeños. Cuestionan la lejanía de los nuevos mercados, deficientes vías de acceso, bajas ventas, necesidad de cámaras frías, y un largo etcétera. Y así, las compensaciones exigidas por este sector para aceptar los traslados se han convertido en un pozo sin fondo, en una especie de agujero negro gremial, imposible de llenar o satisfacer.

La implementación y puesta en marcha de este plan le cuesta a la ciudad hasta ahora (es decir, a todos noso-tros) más de 220 millones de bolivianos. Con ese dinero se hubiera podido construir alrededor de 45 centros de seguridad ciudadana, 30 módulos educativos o 7 hospitales de segundo nivel, entre otras cosas. Parece una obviedad, pero no lo es. Conviene recordar a quienes se oponen al ordenamiento que está prohibido vender en la vía pública, que no es obligación de la municipalidad construirles mercados, que se está haciendo uso de dinero que podría ser destinado a atender otras necesidades de la población, que todos los habitantes de Santa Cruz de la Sierra estamos obligados a cumplir las leyes, y estar agrupados en un gremio no los exime de ello.

El gobierno municipal tiene un gran desafío para cumplir con este importante plan, pero no puede seguir negociando o condicionando el cumplimiento de la ley. Si esto sigue así, no habrá dinero que alcance para construirles mercados a cuanto ambulante aparezca. Y así, el agujero negro gremial terminará por tragarse a nuestra ciudad. 

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