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1 de agosto de 2018, 4:00 AM
1 de agosto de 2018, 4:00 AM

La Asamblea Legislativa tiene previsto elegir en los próximos dos o tres meses al nuevo fiscal general del Estado. El mayor deseo de los bolivianos es que se apueste por una persona idónea y con los suficientes méritos profesionales, al ser una autoridad clave para la administración de justicia, que sigue golpeada por la pérdida de confianza y credibilidad. La mayoría oficialista será fundamental en la elección, lo que puede determinar una inminente politización del proceso. El nuevo fiscal no debería responder a ningún partido ni tener que devolver favores políticos después de ser designado. Sin embargo, parece un sueño aspirar a la independencia en quien desempeñe este cargo tan fundamental. Existiría la intención de buscar apoyo del sistema universitario para que avale el proceso. El criterio de la meritocracia recuperaría la confianza en un rol tan importante, pero por ahora parece solo un sueño pretenderlo.

El reordenamiento del transporte es uno de los temas pendientes en la capital cruceña. Más allá de los avances en algunas zonas de influencia de los principales mercados, no avanzan medidas más estructurales como las sugeridas en los estudios que se han realizado con organismos extranjeros. Hace falta avanzar más rápidamente para que mejore la calidad del servicio de transporte público para los miles de pasajeros que usan micros y que padecen los amontonamientos.

Las tarifas de los taxis y la calidad del servicio también requieren de atención. Lo primero que se debe buscar es formalizarlos y establecer tarifas. El taxímetro fue una de las ideas que finalmente quedó en suspenso.

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