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Allanan viviendas de Kirchner por una causa de corrupción


Un dispositivo integrado por efectivos policiales, entre ellos personal de la división explosivos, ingresó al bloque de apartamentos del barrio de Recoleta de Buenos Aires donde reside la actual senadora cuando está en la capital

Al momento del operativo no se encontraba en el inmueble Cristina Fernández. Foto AFP
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23/08/2018

La Justicia de Argentina desarrolló este jueves un intenso operativo de registros en los domicilios de Cristina Fernández en busca de pruebas en la investigación en la que es sospechosa de haber recibido millonarios sobornos en los años en los que fue primera dama (2003-2007) y presidenta del país (2007-2015).

Al filo del mediodía, un dispositivo integrado por efectivos policiales, entre ellos personal de la división explosivos, ingresó al bloque de apartamentos del barrio de Recoleta de Buenos Aires donde reside la actual senadora cuando está en la capital.

En la tarde, otras brigadas ingresaron a la casa de Kirchner en Río Gallegos, una propiedad de dos pisos con amplio jardín que le sirve como lugar de descanso en la Patagonia, extremo sur de Argentina. La revisión allí terminó al anochecer.

Kirchner posee una tercera casa en El Calafate, también Patagonia, pero su registro se realizará posiblemente este viernes.

Entre multitud de medios de comunicación y grupos de seguidores de Fernández que tenían en "Fuerza, Cristina" su principal proclama, varios de los agentes se hicieron paso para ejecutar el registro, ordenado en el quinto piso del edificio por el juez del caso, Claudio Bonadio, y de cuyo resultado no han trascendido detalles.

"Creo que lo que están buscando es la humillación de la expresidenta", dijo a Efe Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández.

La expresidenta no se encontraba en el apartamento al momento del operativo, ya que según medios locales pasó la noche con su hija Florencia en su apartamento del barrio porteño de Constitución.

No obstante, Fernández, que insiste en que es víctima de una persecución judicial impulsada por el Gobierno de su sucesor, Mauricio Macri, había acabado dando el visto bueno el pasado martes a los registros para terminar con el "show" que en su opinión se ha convertido su situación.

La investigación de los sobornos se hizo pública el 1 de agosto pasado y ha dejado multitud de empresarios y exfuncionarios imputados, de los que alrededor de una quincena han declarado ya como "arrepentidos", figura que otorga a los acusados beneficios penales si colaboran con la Justicia.

Entre ellos, Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales, llegó a reconocer que le llevaba a Kirchner bolsos con dinero que recaudaba en las concesionarias viales y que en algunas ocasiones Fernández estaba presente.

También Gabriel Romero afirmó que pagó 600.000 dólares porque Fernández firmara el decreto de extensión de la concesión a su empresa, hasta 2021, del mantenimiento de la hidrovía del Paraná.

El caso salió a la luz por los cuadernos que Oscar Centeno, un chófer del Ministerio de Planificación, escribió durante más de una década, en los que contaba cómo supuestamente llevaba bolsas con dólares de parte de empresarios a miembros del kirchnerismo, entre ellos al matrimonio Kirchner en su residencia oficial o en el apartamento de Recoleta.

En sus apariciones públicas, Fernández niega todas las acusaciones -está afectada por seis causas-, y atribuye sus problemas judiciales a una operación para conseguir proscribirla políticamente cuando queda apenas un año para las próximas elecciones presidencias, a las que todavía no ha confirmado si se postulará.

En respuesta a sus acusaciones, el jefe del gabinete de ministros del Gobierno de Macri, Marcos Peña, reiteró hoy que la Justicia trabaja de forma independiente y que "no hay ningún elemento" que sustente que hay una persecución política contra la exmandataria.

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La senadora, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como "los cuadernos de la corrupción", que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.



 




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