Sandra Quiñónez asumió el cargo el viernes en medio de presiones por la investigación de posible corrupción de su antecesor y con el panorama de las presidenciales del 22 de abril

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10 de marzo de 2018, 18:31 PM
10 de marzo de 2018, 18:31 PM

El Ministerio Público de Paraguay abre un ciclo con la designación por vez primera de una mujer como fiscal general del Estado, un cargo que Sandra Quiñónez asume tras atravesar un cuestionado proceso de selección y con su predecesor, Javier Díaz Verón, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

Quiñónez, de 48 años y hasta ahora fiscal de la Unidad Antisecuestros, asumió el viernes tras meses de espera para su designación, aprobada por el Senado la víspera, precisamente el Día Internacional de la Mujer.

Tiene por delante la tarea de dar credibilidad a un ente muy tocado tras la investigación abierta por la propia Fiscalía a Díaz Verón, también denunciado por presunto tráfico de influencias.

Se enfrenta a su vez al reto de mostrar su independencia frente al poder político y desligarse del periodo de Díaz Verón, funcional al Ejecutivo, según la oposición.

Afronta el desafío tras un nombramiento al que se resistieron gran parte de las fuerzas políticas del Senado, desde la oposición hasta la disidencia del gobernante Partido Colorado.

El rechazo no se centró propiamente en su figura, pese a que su nombramiento fue propuesto por el presidente del país, Horacio Cartes, sino en el proceder del Consejo de la Magistratura, que a juicio de la oposición confeccionó una terna final a la medida del mandatario.

Además de Quiñónez, la terna estaba compuesta por la fiscal Victoria Acuña y por Díaz Verón, quien todavía no estaba investigado.

Opositores y gremios de abogados denunciaron que el diseño de esa terna adoleció de transparencia y que ninguno de sus integrantes resultó el más calificado entre el centenar de aspirantes que durante meses se sometieron a pruebas para liderar la Fiscalía.

El proceso había sido alabado en principio como un ejemplo de transparencia, pero tras la elección de la terna fue calificado de "decepcionante" por la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy).

Con esas críticas resonando, Cartes propuso en octubre la candidatura de Quiñónez al Senado, que postergó la votación de aprobación ante el rechazo de parte del cuerpo legislativo al proceder del Consejo de la Magistratura.

La demora mantuvo en el cargo a Díaz Verón, pese a que su mandato estaba vencido.

En enero, tras las denuncias de la Coapy, Díaz Verón pidió un permiso para preparar su defensa y designó a Alejo Vera como fiscal interino.

 

Alianza electoral

Sin embargo la investigación a Díaz Verón no fue el detonante de que el Senado aprobara el nombramiento de Quiñónez, sino la coyuntura política creada ante la inminencia de las elecciones del 22 de abril.

Ocho senadores del opositor Partido Liberal desobedecieron las instrucciones de la formación de dar el no a Quiñónez, mientras que seis acataron la orden.

En el Partido Colorado votaron en conformidad los diez legisladores encuadrados en Honor Colorado, la corriente interna que controla Cartes

De los disidentes de Mario Abdo Benítez, el candidato a la Presidencia por ese partido, y hasta entonces contrarios a la designación de Quiñónez, dos votaron a favor, mientras que siete se ausentaron y ayudaron así a ese nombramiento, apoyado por legisladores de formaciones minoritarias.

La ausencia de los siete colorados disidentes fue leído como una forma de "salvar la cara" y a la vez no torpedear el nombramiento de Quiñónez.

Ello en razón de la unidad partidaria que están forjando Abdo Benítez y Cartes, hasta hace poco adversarios dentro del proyecto colorado y ahora aliados para que el primero conquiste la Presidencia del país.

Un día después de esa votación, el líder del Partido Liberal y candidato a la Presidencia, Efraín Alegre, calificó el nombramiento de "duro golpe a la democracia y a la institucionalidad".

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