La UE activará ley contra sanciones de EEUU por Irán
Buscan activar la ley de bloqueo, una reglamentación europea que fue creada en 1996 para eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba
La Comisión Europea entabló este viernes el procedimiento oficial para activar la "ley de bloqueo" con el objetivo de contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses para las empresas europeas deseosas de invertir en Irán, como anunció la víspera su presidente, Jean-Claude Juncker.
Esta reglamentación europea fue creada en 1996 para eludir las sanciones estadounidenses contra Cuba, pero hasta ahora no se ha utilizado.
Bruselas espera poder adaptarla antes del 6 de agosto, cuando entren en vigor las primeras sanciones recientemente decididas por Estados Unidos, explicó la Comisión en un comunicado.
"Ahora tenemos que actuar", justificó Juncker al final de una cumbre europea en Sofía, donde recibió el respaldo "unánime" de los jefes de Estado y de gobierno de la UE.
Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, conocido también como el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), los europeos se comprometieron a mantenerlo.
"El levantamiento de las sanciones vinculadas al programa nuclear es una parte esencial del JCPOA. La Unión Europea se compromete a mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses sobre las empresas europeas y toma medidas para mantener el crecimiento del comercio y las relaciones económicas entre la UE e Irán que comenzaron cuando se levantaron las sanciones", subraya la Comisión.
Esta ley llamada "de bloqueo" permite a las empresas y tribunales europeos no someterse a reglamentaciones sobre sanciones tomadas por terceros países y estipula que ningún fallo de tribunales extranjeros en base a estas reglamentaciones puede aplicarse en la UE.
El ejecutivo europeo también inició el procedimiento para permitir que el Banco Europeo de Inversión (BEI) apoye las inversiones europeas en Irán, en particular de pequeñas y medianas empresas.
El Parlamento Europeo y el Consejo (los Estados miembros) tienen dos meses para oponerse a esta medida.
"El procedimiento puede interrumpirse si las circunstancias políticas ya no justifican la adopción de medidas", precisa el ejecutivo europeo.
