El Gobierno no permitirá la continuidad de funcionarios que tengan ‘ideales comunistas’. Jair Bolsonaro ordena vender cientos de edificios públicos para bajar los gastos. Lanzan concesiones privadas por más de 1.800 millones de dólares

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4 de enero de 2019, 7:00 AM
4 de enero de 2019, 7:00 AM

Contraviniendo el derecho a la libertad de pensamiento previsto en la Constitución de Brasil, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, inauguró ayer una cruzada anticomunista tras ordenar el despido de todos los funcionarios que defiendan ideales “comunistas”. Además, ordenó la venta de cientos de los 700.000 inmuebles propiedad del Estado para contribuir a contener el elevado gasto público.

Las decisiones fueron adoptadas en la primera reunión del llamado Consejo de Gobierno, que es integrado por el propio mandatario, por el vicepresidente y general de la reserva, Hamilton Mourao, y por los 22 ministros del gabinete, que hasta el mes pasado tenía 29 miembros y en otras épocas llegó a tener casi 40.

El ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, dijo en rueda de prensa que la decisión de revisar la estructura de la administración pública y destituir a los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro es parte del “compromiso” que el capitán de la reserva del Ejército adoptó durante su campaña electoral.

“No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad”, declaró Lorenzoni, quien ayer mismo dio el primer paso y anunció la destitución de unos 300 funcionarios con contratos temporales.

Según Lorenzoni, en las elecciones de octubre, ganadas por el líder de la ultraderecha, “la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual” y el Gobierno debe responder ahora al mandato de las urnas.

La decisión, autorizada por el propio Bolsonaro, se aplicará en todos los sectores de la administración pública, en los que será revisada la situación de las personas contratadas temporalmente, en su mayoría para cargos considerados “de confianza”.

Lorenzoni apuntó que los “criterios” para decidir la situación de los funcionarios también serán “técnicos” y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si esos cargos volverán a ser cubiertos o si serán definitivamente extintos.

Inventarios para la venta

En la reunión, la primera que Bolsonaro celebra con todos sus ministros desde su toma de posesión, el 1 de enero, también se decidió que cada ministerio hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios.

“Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles” en todo el país, “lo que causa gastos inmensos de mantenimiento”, indicó el ministro.

Agregó que el nuevo Gobierno ha identificado que, además, hay ministerios que, pese a contar con predios propios, “alquilan otros espacios, lo cual no tiene ningún sentido” e infla un gasto público que el presidente Bolsonaro está decidido a reducir a mínimos.

Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios “absolutamente técnicos”, que fueron los que Bolsonaro le ofreció a los brasileños en su campaña electoral.

“Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías”, afirmó.

Reforma de pensiones

Según el ministro Lorenzoni, en la reunión también se discutieron otras de las prioridades del Gobierno y se acordó que, en los próximos días, el ministro de Economía, Paulo Guedes, presentará un proyecto para la reforma del actual régimen de jubilaciones, que es considerado uno de los principales factores de presión sobre el gasto público.

El funcionario declinó anticipar detalles sobre el proyecto, pero fue enfático en el sentido de que se trata de un asunto clave para el Gobierno. “Vamos a hacer la reforma y punto”, subrayó.

Debido al alto déficit fiscal, Bolsonaro adelantó durante la campaña que la reforma de pensiones será uno de los ejes de su Gobierno, dado que los gastos para el sector pasivo han puesto en jaque a las cuentas que maneja el Ejecutivo.

Concesiones a privados

También en los próximos días el Gobierno terminará de elaborar una primera fase de un plan de concesiones al sector privado en el área de infraestructura, que avanzará sobre los aeropuertos, puertos y ferrocarriles, según Bolsonaro.

El jefe de Estado hizo el anuncio en un mensaje en su cuenta en Twitter, en el que explicó que se trata de un programa inicial destinado a devolver la confianza a los inversores y a atraer recursos privados para la deficitaria infraestructura de transportes de Brasil.

“Rápidamente atraeremos inversiones iniciales por cerca de 7.000 millones de reales (unos 1.842 millones de dólares) con concesiones de ferrocarriles, 12 aeropuertos y 4 terminales portuarias”, indicó.

“Con la confianza del inversor bajo condiciones favorables para la población rescataremos el desarrollo inicial de la infraestructura de Brasil”, agregó el capitán de la reserva del Ejército.

El ministro de Economía, Paulo Guedes, un economista de la polémica Escuela de Chicago, advirtió que el Ejecutivo impulsará “rápidas” privatizaciones y concesiones, como uno de los “pilares” del programa económico de recorte netamente liberal que pretende implantar.

EL CANCILLER ESPERA REVERTIR LA GLOBALIZACIÓN
El nuevo canciller de Brasil, Ernesto Araújo, prometió “revertir la globalización” y “liberar la política externa brasileña” de sus supuestas amarras ideológicas, en su primer discurso tras asumir el cargo.

“Vamos a luchar para revertir la globalización y empujarla de vuelta a su punto de partida”, dijo el ministro de Exteriores del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, ante centenares de personas en el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería en Brasilia.

“Durante mucho tiempo, Brasil decía lo que creía que tenía que decir, queríamos ser el buen alumno en la escuela de la globalización y creíamos que eso era todo. Éramos un país inferior”, agregó Araújo, que comparte con Bolsonaro su rechazo visceral a los gobiernos izquierdistas de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016), que de la mano del Partido de los Trabajadores (PT) introdujeron, según él, “el marxismo cultural” en la diplomacia brasileña.

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