Naciones Unidas al servicio político del dominio judicial
A decir de los gobernantes, estos tendrían un respeto absoluto por la independencia de poderes y la transparencia de la administración del Estado ante el escrutinio público internacional, por ello, invitaron al Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, para que y de conformidad con sus competencias, según resolución 8/6 del Consejo de Derechos Humanos, a) investigue denuncias; b) identifique y registre atentados a la independencia de la judicatura; c) determine formas y medios de mejorar el sistema judicial.
También, evaluará las características del sistema judicial y el plan de reforma judicial, examinando las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y de los fiscales, sosteniendo reuniones con diversos sectores de La Paz, Sucre y Santa Cruz con quienes examinará la independencia e imparcialidad del poder judicial y de los fiscales.
Abordará cuestiones relacionadas con la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial de la judicatura; la administración de justicia; la protección de los agentes del sistema de justicia; el juicio imparcial; y la igualdad de acceso a la justicia y la asistencia letrada, desde una perspectiva de género. Además, la visita se centrará en las medidas adoptadas para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial y de los fiscales. Adicionalmente, esta visita será una oportunidad para considerar y hacer recomendaciones relativas a los esfuerzos de reforma judicial en curso en Bolivia para luego, informar al Consejo de Derechos Humanos con sus conclusiones y recomendaciones al respecto.
Respecto al ilustre visitante, recordemos que, con relación a la aprehensión del Asambleísta del MAS Gustavo Torrico, en el día, expreso “Profunda preocupación por el uso de las instituciones judiciales con fines de percepción política. Podría haber sido ésta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia. La imprevista postulación de Añez golpeo en la medula de una transición en la que el Gobierno habría tenido que ser 100% neutral. En este contexto delicado, hay razones para concluir que la independencia judicial está bajo ataque y que el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado”.
Dicho pronunciamiento denotó anticipada emisión de criterio e infundada apreciación respecto a los hechos por los que se manifestaron, ya que, la aprehensión de Gustavo Torrico, se debió al hecho criminal cometido por Evo Morales y sus Ministros, cuando públicamente instigaron a sus acólitos cercar ciudades e implementando (a decir de un Ministro) un Vietnam en Bolivia, donde Torrico, durante la convulsión social, a las madres bolivianas les indico que “Cuantas estaban dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tus hijos”; seguidamente, vinieron pérdidas de vidas humanas, actos de terrorismo, operadores extranjeros, milicias formadas para el combate, desabastecimiento e incertidumbre, con el intuito de negar el estruendoso fraude electoral certificado por la OEA y a título de pretender un indebido retorno al Gobierno.
Sin embargo, extrañó que después de años, no se pronunció de los casos de Cusi, Bakovic, Hotel Las Américas, Chaparina, remoción arbitraria de 89 jueces, la reelección indefinida de Evo Morales como derecho humano, etc.
Como se ve, es reprochable la indebida politización del nombrado funcionario, que con su pronunciamiento ocasionó un profundo auto desprestigio ya que, lejos de precautelar imaginarios DDHH alucinadamente conculcados, solo buscó favorecer al Evo Morales, en franco desmedro del derecho humano a la democracia. Para nadie es desconocido que la Organización de las Naciones Unidas en el reclutamiento de sus Jueces no exigen el cumplimiento de altos estándares de DDHH a sus países miembros, toda vez que, los magistrados de organismo como a nivel local de los Estados miembros, su reclutamiento no es democrático, más se asemeja a un club de amigos de barrio, donde únicamente obedece a intereses políticos de los eventuales administradores de Estados partes.
Concluyentemente y conociendo los antecedentes del partido de gobierno en materia judicial y entretanto los políticos no retiren sus corrompidas manos de la justicia (el Tribunal Supremo de Justicia acaba de pedir una ley que los blinde de la intromisión política) la sospechosa participación del insigne invitado nada más será una celestina actuación para que los juzgadores continúen en las repulsivas garras de los políticos.
