En busca de justicia, 15 años después
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En busca de justicia, los sobrevivientes del asesinato del hotel Las Américas iniciaron una demanda contra los autores de ese crimen. Tres extranjeros fueron ejecutados extrajudicialmente y después los acusaron de ser terroristas y de armar un plan para asesinar al expresidente Evo Morales, lo que sirvió para armar un proceso contra los líderes opositores de Santa Cruz, Beni y Tarija.
Para lograrlo el aparato estatal armó un relato que se iría cayendo a pedazos a medida que pasaba el tiempo.
El asesinato de los tres extranjeros se produjo de madrugada, pero sus cuerpos fueron retirados después de 14 horas del hotel. El informe forense fue confuso y otro, practicado en Europa a Michael Dwyer, revelaba que éste había sido ejecutado. Los dos sobrevivientes, que estuvieron presos en Bolivia, después denunciaron torturas cometidas por personal del Gobierno.
Para acusar, se presentó a un testigo clave que estuvo cerca de la supuesta célula terrorista, pero esta persona después reveló que recibió dinero de un funcionario del Ministerio de Gobierno para esgrimir tal discurso que sostenía con pinzas un juicio sin pruebas.
El fiscal acusador, Marcelo Soza, cumplió el papel en primera instancia y después huyó del país a Brasil, donde dijo que el caso era armado.
Pese a todo, el proceso judicial duró más de 10 años y destrozó la vida de casi 40 acusados, además de acallar las voces opositoras en el país.
El año 2020 el caso fue anulado en el Gobierno de Jeanine Áñez y esto dio pie para que ahora se haya abierto un juicio penal contra los responsables.
Evo Morales es el principal acusado, ya que admitió haber dado la orden para el ataque al Hotel Las Américas. Lo dijo en Caracas, arropado por Hugo Chávez, mientras en Bolivia gobernaba Álvaro García Linera, contra quien también avanza el proceso.
Pero también pide castigo contra los autores materiales, entre ellos los que eran parte de una unidad de élite de la Policía (la Utarc), que ejecutó el operativo y disparó contra los extranjeros. Junto a ellos hay policías y funcionarios del Gobierno que fueron cómplices en la vulneración de los derechos humanos de todas las víctimas.
Han pasado 15 años desde entonces y recién se abrió un proceso penal en Bolivia. Los acusadores esperan que el Gobierno de Luis Arce garantice que se haga justicia en este caso.
Además, hay denuncias en foros internacionales como la Corte Interamericana de Derehos Humanos, así como en tribunales europeos. Es más, ya se ha conminado al Estado boliviano a pagar un resarcimiento millonario por la muerte de los extranjeros y la Procuraduría espera negociar porque asegura que no cuenta con esos recursos económicos.
Para los bolivianos que observaron la impunidad con que se dieron los hechos, será importante que se haga justicia y se llegue a la verdad de los hechos, ya que no es tolerable que se asesine sin que los responsables tengan el castigo que corresponde.
Detrás de este caso de supuesto terrorismo ha habido mucho dolor en familias y en la sociedad.
El Poder Judicial boliviano debe garantizar el debido proceso, mientras que las fuerzas políticas deben ser capaces de no obstruir que se llegue a la verdad y que se sancione a los culpables con todo el peso de la ley.
