4 de julio de 2023, 4:00 AM
4 de julio de 2023, 4:00 AM


Elementos para entender cómo el MAS ha destruido la institucionalidad del Estado ¿Qué es y de quién es el Estado? Es la sociedad que se otorga su propia organización política e institucional. Es la totalidad de los bolivianos que conforman la Nación.

La soberanía radica en el pueblo que conforma los poderes mediante el voto. El Gobierno del MAS deformó el sistema democrático. Morales decía que gobernaba obedeciendo al pueblo. Arce argumenta que gobierna obedeciendo a las organizaciones sociales. Solo son pretextos fuera de contexto, porque atribuyen la soberanía del pueblo a una minoría corporativa, excluyendo a las mayorías y minorías representadas democráticamente en la ALP. Bajo sus argumentos han destruido la institucionalidad definida por la CPE.

El soberano ha sido desplazado de su derecho originario de soberanía. En los planes del Gobierno la soberanía ya no es inalienable e imprescriptible (art. 7 CPE). ¿Qué es la Constitución? Es un acuerdo político aprobado por voto popular, no es una norma ordinaria, es una carta de garantías que regula los actos del poder, cuyo guardián es el Tribunal Constitucional.

El Gobierno del MAS la violó al menos 5 veces y la alteró solo para sus innobles propósitos, apoyado en el guardián cooptado por el poder. La reelección indefinida luego del referéndum 21F (alteró el art. 168 CPE). La no renuncia de candidatos 3 meses antes de las elecciones (alteró el art. 238.3 CPE). El domicilio permanente para ser candidato (alteró el art. 149, 167, 285.I.1. CPE).

Las alteraciones al contrato social fueron sin necesidad de voto popular en complicidad con el TCP. El último acto de alteración de la carta de garantías es el incumplimiento del art. 158.18 CPE, burlando la censura y destitución de un ministro y desconociendo la atribución de control de otro órgano del Estado.

Ahí también se incumplió la ley 1350 y la SC. 020/2023. ¿Qué es el Estado social de derecho y su institucionalidad? Significa que gobernantes y gobernados estamos obligados a cumplir la CPE y las leyes sin interpretaciones dirigidas. La institucionalidad del Estado transita sin carta de garantías, porque sus órganos e instituciones están funcionando al margen de los requisitos esenciales para ser conformados.

Empezando desde el Banco Central de Bolivia, Contraloría, Gestora, fiscales departamentales, sus integrantes son interinos, sin que ello disponga la CPE/ley. El fiscal General y el procurador no cumplen los requisitos exigidos por la CPE para ser designados. La Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas incumplen sus funciones, y deliberan como políticos.

El Gobierno ha desvalorizado el Estado, lo ha convertido en un Estado miserable en institucionalidad porque está confrontando permanentemente con otros poderes por designar autoridades afines, con el objetivo de perpetuarse en el poder. Otro ejemplo es la preselección de candidatos al Órgano Judicial. ¿Qué rol juega la justicia en el Estado?

El Gobierno tiene una visión atrofiada sobre el poder. Actúa como si el Gobierno fuera el Estado y el Estado fuera propiedad del partido de gobierno, incluido sus habitantes, sus propiedades y derechos. La justicia no solo que ha sido cooptada por el poder de turno.

Está destruyendo la democracia y alterando la paz social. Es parte de la corrupción, el narcotráfico, la impunidad y el aumento de delitos graves contra la sociedad, ejemplo: acoso político, feminicidios, violaciones, enriquecimiento ilícito etc.

La justicia ha judicializado la política y afectado derechos humanos y fundamentales de los actores políticos y sociales. En los casos de controversia entre particulares ha generado inseguridad de la propiedad privada e incentivado la usurpación de derechos civiles.

La manipulación de la justicia por parte del poder político ahuyentó la inversión nacional y extranjera, e hizo disminuir la seguridad alimentaria.

Las acciones del Gobierno del MAS violentan permanentemente el sistema de gobierno republicano vigente (art. 11 CPE). Los actos del Gobierno han producido una ruptura en el Estado constitucional de derecho y el Estado de derecho.

Ello produce una total indefensión de los derechos fundamentales, como ser: la vida, seguridad y libertad, el acceso a la justicia, el ejercicio de derechos políticos y la libertad de expresión. Es urgente que los ciudadanos recuperemos la propiedad del Estado para los bolivianos.

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