Cara a cara

Una mayor recesión económica, inflación, contrabando, pérdida de inversión y de empleos, entre otros, son anticipados como efectos probables del aumento de salarios, -¡y le metió nomás!- que el Gobierno acaba de anunciar: Un 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) había alertado la falta de divisas, hidrocarburos, amén de bloqueos e inundaciones que elevan los costos de producción y propuso congelar cualquier incremento a tiempo de demandar diálogo y medidas que promuevan lo ‘hecho en Bolivia’.

Para los empresarios del eje troncal el Salario Mínimo Nacional (SMN) debía ser igual o inferior a la inflación de 2023, tras haber crecido un 436% en el tiempo que el MAS lleva empoderado. Pero el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) no le dan ni la hora al sector privado, aún siendo el generador mayoritario del empleo. En su pliego petitorio, la COB esperaba un 8% más al SMN y 7% al haber básico. Y por si fuera poco el desparpajo, pidió a los privados “compartir las ganancias que tienen fuera del país”.

Lo cierto es que el aumento dispuesto por el Gobierno, -al margen de la racionalidad-, para atender sin chistar la demanda de la COB por simples razones de afinidad ideológica, puede resultar un salto al vacío de la estancada economía nacional. En vez de generar condiciones óptimas para incrementar la productividad, eficiencia, ingresos y el bienestar real de los bolivianos, una medida salarial no analizada a detalle en las actuales circunstancias, puede ser de efectos impredecibles.