La medida es temporal. El proyecto tendrá $us 1.000 millones de inversión

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3 de abril de 2018, 4:00 AM
3 de abril de 2018, 4:00 AM

Un Tribunal de Garantías admitió la acción popular de indígenas de Santa Cruz y resolvió que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suspenda toda actividad administrativa o jurídica en el marco de la construcción de la hidroeléctrica Rositas, hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema. 

La pasada semana, dos comunidades indígenas guaraníes (Tatarenda Nuevo y Yumao) interpusieron una acción popular en contra de la construcción de la megaobra en el departamento de Santa Cruz.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico de un costo de $us 1.000 millones, que inundaría 45.000 hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera. Unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.

La disposición del tribunal establece que mientras se realice la audiencia que resolverá el fondo de la acción popular “como medida cautelar en aplicación del artículo 34 del CPC (Ley 254) se dispone que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se abstenga de realizar cualquier actuación jurídica y/o administrativa sobre los hechos de la presente gestión”.

El Gobierno asegura que esta obra es crucial para el desarrollo cruceño y para exportar electricidad a Brasil. El proyecto pretende generar más de 500 megavatios (MW) de electricidad con el aprovechamiento de las aguas de la cuenca del Río Grande. 

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