El gerente regional de la entidad explicó que la aeronave se adjudicó al Estado porque se sujeta a una ley vigente. Existe una deuda con Aasana que supera los Bs 60.000

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13 de julio de 2018, 4:00 AM
13 de julio de 2018, 4:00 AM

En manos del Estado. El jet Super Mid-Size- Gulfstream GIII, con matrícula N557JK fue otorgado al Ministerio de la Presidencia porque no contaba con la póliza de admisión temporal que otorga la Aduana Nacional de Bolivia (y que tampoco se tramitó) después de superar el plazo permitido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), según William Castillo, gerente regional de la Aduana.

De acuerdo con el ejecutivo, estas acciones se apoyan en la Ley 975 de Modificaciones al Presupuesto general del Estado, la cual sostiene que las mercancías abandonadas y que hayan sido notificadas son “adjudicadas por la Aduana Nacional al Ministerio de la Presidencia, a título gratuito, exentas del pago de tributos aduaneros de importación”.

Asimismo, el ejecutivo dijo desconocer la documentación expuesta por el diputado Tomás Monasterio donde muestra que la aeronave no tenía deudas con el Estado, al igual que la declaración del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, que si los dueños aparecían y pagaban una multa de Bs 46.000, podían llevarse la aeronave. “A la Aduana no le deben nada, ya que no se inició ningún trámite”, aseguró.

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Al ser consultado por qué el jet no fue sometido a una subasta, Castillo explicó que los productos se rematan en caso de que el Ministerio de la Presidencia no recoja las mercancías de los recintos aduaneros ni tampoco lo haga el Ministerio de Economía.

En este caso, sí se hizo el reclamo y es por eso que se adjudicó al Estado y agregó que el valor de la aeronave supera las 2.000 UFV, motivo por el que pasa a manos del Ministerio Público, que es el que debe investigar los pormenores.

Deuda de Bs 63.485

Bank of Utah, dueño del jet incautado,  tiene una deuda de Bs 63.485,68 con la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) desde el 14 de diciembre, por la estadía y pernocte de la nave en suelo boliviano, según el director ejecutivo de la entidad, Javier Arévalo.

En el primer aterrizaje se cobró la suma de Bs 1.504. Posteriormente, por cada día de pernocte se pagó la suma de Bs 300,88, en función al 20% de la tarifa de aterrizaje. La empresa pagó la suma de Bs 75.371, monto que fue generado por las cuatro facturas y desde el 14 de diciembre de 2017 a la fecha se deberían Bs 63.485.

La deuda todavía no se ha conciliado y los dueños del jet siguen sin aparecer. Persisten las interrogantes en el asunto.

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