ECONOMÍA

Privados van a la OIT y piden abrogar ley de empresas sociales


Los empresarios piden que se respete la propiedad privada y ven inviable el pago del segundo aguinaldo. El Gobierno señala que hace diez años se da el bilateralismo en el alza salarial 

Nostas precisó que hasta no alcanzar los objetivos el sector está en emergencia
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30/05/2018

Luego de 18 años, otra vez Santa Cruz fue el escenario donde el empresariado y los emprendedores del país se reunieron, como aquella vez, por una situación de emergencia. Tras más de seis horas de reunión entre los 300 participantes y unas dos, muy tensas, entre los representantes de las nueve federaciones, el sector elaboró diez conclusiones que buscan ser la brújula que los guíe en un contexto al que consideran poco amigable para el desarrollo empresarial y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), hizo foco en que ya no es sostenible la fórmula de la bilateralidad (Gobierno y la COB) y descalificó las políticas salariales asegurando que no responden a la realidad económica y que solo responden a un sector privilegiado de la COB, por lo que informó que una delegación de la organización se encuentra presentando una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo  (OIT) aprovechando la conferencia que se desarrolla en la ciudad de Ginebra (Suiza), a fin de activar  los mecanismos legales para que, en su criterio, los gobernantes cumplan con los compromisos adquiridos en el marco del respeto al mundo del trabajo.  

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Desde la CEPB explicaron que el Convenio 131 de la OIT instruye a los Estados miembros crear mecanismos que ajusten el salario mínimo periódicamente, teniendo en cuenta las necesidades de todos los trabajadores y sus familias, pero además la situación económica, los requerimientos del desarrollo, los niveles de productividad y la necesidad de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo. También señala que, antes de implementar incrementos, consulten de manera igualitaria y exhaustiva a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.

Al respecto, en contacto telefónico, desde Ginebra, el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi, remarcó que el reclamo del empresariado no corresponde porque el acuerdo con la OIT no está vigente y se lo desconoce en la actual Constitución Política del Estado (CPE). Aseguró que el Convenio 131 de la OIT fue suscrito en la gestión de gobiernos neoliberales y dictatoriales. “A través de los gobiernos dictatoriales llegó la dictadura empresarial y ellos (empresarios) se han beneficiado de subvenciones en el ámbito de energía eléctrica, combustibles y aranceles de exportación”, subrayó Huarachi.

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En el tema de exclusión en la definición del tema salarial, Huarachi dijo que no tienen nada que negociar con la parte privada; asimismo, convocó a la CEPB a identificar con nombres y apellidos a los dirigentes cobistas privilegiados que se benefician del alza salarial.

En cuanto al segundo aguinaldo, Nostas calificó de sorpresivo el anuncio anticipado de su pago este año con información de un trimestre de los cuatro requeridos para hacer viable el beneficio. En ese sentido, la CEPB exige al INE el acceso a las cifras, metodologías y formas de estimación del PIB como lo hacen con organismos internacionales. “Necesitamos información confiable; así, su pago es inviable”, dijo Nostas. 

La respuesta gubernamental

Ante el anuncio del presidente de la CEPB de acudir ante instancias judiciales nacionales e internacionales para impugnar el acuerdo de incremento salarial entre representantes de los trabajadores y del Gobierno para la presente gestión, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, expresó su desacuerdo por esta posición y le recordó que hace más de una década los incrementos salariales se los define entre el Ejecutivo y los trabajadores representados por la COB.

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“Por lo tanto, lo que ocurrió hace unas semanas no es ninguna excepción a la regla; en todo caso, lo que se ha convertido en una regla es que un Gobierno de los trabajadores, como es este, acuerde con las organizaciones laborales los márgenes de incremento salarial, eso se da desde el año 2006”, explicó Rada, que aprovechó para aclarar que los acuerdos salariales siempre se manejaron con responsabilidad, velando por el crecimiento económico. 

La autoridad afirmó que los mismos empresarios reconocieron en determinadas instancias que el modelo económico boliviano favoreció también la iniciativa privada.

No a la empresa social

El punto 3 de las conclusiones exige la abrogación de la Ley de Empresas Sociales por atentar contra los derechos constitucionales y ser un mecanismo arbitrario para entregar a unos lo que en propiedad corresponde a otros.

Nostas señaló que la CEPB, por mandato y en representación de la institucionalidad, ha resuelto promover la presentación de una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad contra esta norma, “no solo para restituir el orden violentado, sino sobre todo para preservar la lógica de hacer empresa en el país, con el convencimiento de que esta es la mejor manera de generar valor en la sociedad”, dijo Nostas.

Sósimo Paniagua, de la COD de Santa Cruz, señaló que es un derecho de los trabajadores velar por su estabilidad laboral y que la constitución de una empresa social solo se dará en casos excepcionales. “Los empresarios están en su derecho de presentar la figura legal que quieran, pero deben saber que nosotros somos los primeros que apostamos en que les vaya bien”, dijo Paniagua.

Las Conclusiones

Compromiso
El sector ratifica su unidad entre las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

Legalidad
El punto 2 exige el respeto de la CPEB, el derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa.

Sostenibilidad
Se pide una política de empleo equilibrada, con participación de los privados, garantizando la estabilidad laboral y la sostenibilidad de las empresas.

Crecimiento
En el punto 8 el sector demanda un espacio de debate y análisis sobre el pago del segundo aguinaldo, puesto que, de acuerdo con la CEPB, es inviable su pago en el contexto económico actual.



 




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