PGE 2019 prevé seguir cobrando el impuesto al dólar cuatro años más

La arquitectura del Presupuesto General del Estado (PGE) 2019 tiene varias observaciones, una de ellas es que el cobro del Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), que estaría vigente hasta esta gestión, se amplía por cuatro años más (2023). El documento fue aprobado ayer en grande y detalle por la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados.

La norma, que será la guía para el desempeño de las variables macroeconómicas del país y determinará la presencia del Estado, tendrá un presupuesto agregado de Bs 286.274 millones, un 0,6% más que el de 2018, que tuvo Bs 284.437 millones.

Cabe recordar que Mario Guillén, ministro de Economía, remarcó que para la próxima gestión se presupuestó una inversión de $us 6.510 millones, lo que significaría un incremento del 7,5% con respecto a la inversión pública 2018.

Durante el análisis del PGE 2019 se hicieron al menos unas cinco observaciones que deberían ser tomadas en cuenta por la presidencia de la Cámara de Diputados, que entre el lunes y martes deberá analizar el documento.

Las observaciones

Uno de los puntos más polémicos del PGE 2019 es la vigencia del ITF, solo para operaciones en moneda extranjera (dólar) hasta 2023.

El impuesto fue promulgado por el presidente Juan Evo Morales el 1 de julio de 2015. La norma modifica el gravamen y define una alícuota gradual del 0,15% en 2015; del 0,20% en 2016; del 0,25% en 2017 y del 0,30% en la gestión 2018, fecha en la que debía quedar sin efecto; sin embargo, se extiende por otros cuatro años más.

El analista Germán Molina explicó que esta es una muestra clara de que el Gobierno necesita sacar dinero de donde sea, por lo que opta por ampliar el plazo del ITF.

“El Gobierno debe cubrir sus gastos, pues no se olvide que estamos en un momento electoral y aunque el sentido común indique que se debe ahorrar, el Poder Ejecutivo hará todo lo contrario”, sostuvo Molina.

Con la extensión y la alícuota progresiva del ITF se prevé recaudar, hasta 2018, unos Bs 2.420 millones ($us 347,7 millones).

El Ministerio de Economía calculó obtener Bs 408 millones en ingresos en 2015; Bs 534 millones en 2016; Bs 568 millones en 2017 y Bs 801 millones en 2018.

Sobre el tema, Wilfredo Rojo, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), se mostró molesto y sorprendido por la posibilidad de que el ITF, que fue creado desde una perspectiva transitoria, vaya a seguir vigente hasta 2023.

Rojo manifestó que este tipo de medidas no hace otra cosa que poner trabas a la inversión de los capitales extranjeros y eso repercute en el desarrollo de la economía del país.

“Es un abuso este tipo de medidas, que demuestran que el Gobierno solo busca sacarnos dinero de donde sea y a cualquier costo”, indicó Rojo.

Otra de las observaciones fueron señaladas por Gonzalo Barrientos, diputado por Demócratas, que remarcó que este PGE 2019 es el sexto, de manera consecutiva, que contempla un déficit fiscal que está presupuestado en 6,98%, un 1,34% menos, en comparación con 2018 (8,32%).

Barrientos sostuvo que es muy difícil seguir manteniendo esta situación, que empezó en 2014, con un déficit fiscal del 3,40%, se amplió en 2015 y llegó al 6,9%, en 2016 bajó al 6,60%, para luego en 2017 volver a subir al 7,80% y en 2018 dispararse al 8,32%.

“Para lograr cierto equilibrio el Gobierno está recurriendo al crédito; es decir, a endeudarse, a pedir dinero en el extranjero, un punto que debe preocuparnos, pues eso no es lo ideal para el país”, sostuvo Barrientos.

La otra arista observada es que las obligaciones (pago) del país por la deuda externa, interna y comprometida ya están por el orden de los $us 18.000 millones, más de dos veces de lo que hay en las Reservas Internacionales Netas (RIN), que están por el orden de los $us 8.400 millones.

Al respecto, Molina precisó que todo lo trabajado desde 2006 se está tirando por la borda y que es momento de que el Gobierno frene el gasto público y corriente y no siga contrayendo compromisos con el exterior por más que las tasas de interés sean tentadoras.

Otra debilidad que tendría el PGE 2019 recientemente aprobado es que, de acuerdo con Barrientos, el presupuesto asignado para salud sería apenas de Bs 20.000 millones, un 6,6% de todo el presupuesto agregado, donde el aporte del Gobierno central sería del 45%, que en criterio de Barrientos sigue siendo bajo.

La estructura centralista del PGE 2019 –pues el 83% de los recursos está en manos del nivel central y el 17% de las regiones– es otra de las variables criticadas.

La puerta que deja abierta el documento a las gobernaciones, alcaldías y universidades para recurrir al fondo de gastos destinados a las inversiones y usar ese dinero para el pago del segundo aguinaldo es otro de los aspectos cuestionados.

Para tener mayor precisión sobre este punto se enviaron las respectivas consultas al Ministerio de Economía, pero desde el departamento de comunicación de esa dependencia indicaron, alrededor de las 20:00, que hoy (por ayer) no iban a poder responder nuestras interrogantes.