Existen alrededor de 800 personas involucradas, aunque los procesos continúan. El nuevo Fondo Indígena espera que se resuelvan todos. Diputado exige auditoría para los Bs 4.000 millones que recibieron

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29 de marzo de 2018, 8:00 AM
29 de marzo de 2018, 8:00 AM

Desde que estalló el caso, en febrero de 2015, cuando la Contraloría anunció el inicio de acciones contra presuntos invo- lucrados por el daño económico al Estado, de Bs 71 millones en 153 proyectos rurales, el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) ha enviado a vía penal un total de 132 procesos por 265 proyectos, incluidos los de la Contraloría. El monto del daño económico asciende a Bs 121 millones, desembolsados en diversas fechas. 

“En total, hablamos de 132 procesos penales que involucran 265 proyectos, a los cuales se desembolsó Bs 121.583.680 del Estado. Muchos de los casos están en proceso de juicio oral o en etapa preparatoria. Nuestra intención es que todas las denuncias deben tener un fin. Si existen indicios de irregularidades, deben llegar hasta sentencia. Estamos seguros de que vamos a tener resultados positivos”, manifestó el director general del FDI, Braulio Yucra.

Según la rendición de cuentas de la entidad, en La Paz, muchos de los casos se vienen arrastrando desde 2015 y siguientes. En 2017 se presentaron 31 nuevos casos que habían sido manejados desde el directorio, con la administración del antiguo fondo, con lo que suman los 132 procesos y al menos 800 denunciados por diversos delitos.

Desde 2009, el directorio del ex-Fondo Indígena, que en su momento fue integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios, había aprobado 3.177 obras; 1.100 proyectos recibieron desembolsos para la ejecución de la obra y otros 2.077 no percibieron recursos.

La interventora del ex-Fondo Indígena Lariza Fuentes había informado, en su momento, del daño económico al Estado por Bs 102 millones.

Declinatoria

Por otro lado, Justina Robles, responsable de gestión jurídica del FDI, informó que, en agosto del año pasado, la entidad presentó una declinatoria por los 153 proyectos denunciados por la Contraloría en 2015, para que se dividan los casos y se envíen a los departamentos donde se pidieron los recursos.

“La declinatoria fue presentada en agosto a la Fiscalía de La Paz y se encuentra en el Juzgado de Instrucción cautelar. El juzgado no ha dado, por ahora, ninguna respuesta”, dijo.

Por su parte, Braulio Yucra explicó que los 153 proyectos están resumidos en un solo proceso, lo que dificulta su avance por lo complejo que es reunir a todos los supuestos culpables de esos casos.

“Estamos hablando de cerca de 400 personas que tendrían que reunirse en una sola audiencia y eso no es aplicable. Con la declinatoria, lo que pretendemos es que esos 153 proyectos, resumidos en un solo proceso, se constituyan en 153 procesos diferentes en sus juzgados naturales.
De tal manera que se haga viable la preparación de todo el juicio y llegue a su fin con su resolución absolutoria o condenatoria de parte de los jueces”, indicó.

Verdadera auditoría

Entre tanto, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Rafael Quispe, quien siguió de cerca el tema, lamentó que el caso se esté manejando a nivel político y exigió que se aplique una auditoría para conocer el verdadero daño económico.

“La Contraloría decía que fueron Bs 71 millones de daño. La interventora subió a Bs 103 millones. Hoy se habla de más de Bs 121 millones. Esto es porque no hay una auditoría real. Al Fondo Indígena le han entrado más de Bs 4.000 millones (unos $us 574 millones). De eso tiene que rendirse cuenta”, finalizó.