ECONOMÍA

Fiscalía solicita la detención para dueño de compañía que operaba jet incautado


El Ministerio Público acusó a Ramón Castillo Manríquez, presidente de Global Exec Aviation. Según el legislador, el decomiso fue ilegal al existir sentencia ejecutoriada. La Aduana confirmó el proceso y refuta las observaciones

El proceso penal se inició el 19 de marzo. La imputación formal se presentó el 26 de junio
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18/07/2018

La justicia boliviana estaba al tanto de la situación legal del avión incautado por la Aduana Nacional el 6 de julio. De hecho, en el despacho del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar Penal de Santa Cruz cursa un proceso por contrabando contra el presidente de la empresa Global Exec Aviation, Ramón Castillo Manríquez, que opera la nave. Incluso la Fiscalía solicitó la detención preventiva de esta persona, que reside en Long Beach (Estados Unidos).

El hecho deja en evidencia varias contradicciones que surgieron cuando el caso salió a la luz. Primero, altas esferas del Gobierno informaron a EL DEBER que se desconocía el origen del Jet y que se procedería a realizar una denuncia internacional para dar con los dueños. Incluso ministros dieron una versión similar y el tema se investigaría, pese a que existía un proceso de cinco meses.

Cabe recordar que esta nave, un  Super Mid-Size- Gulfstream GIII, con matrícula N557JK, llegó al país el 7 de abril de 2017 al aeropuerto de Viru Viru y se quedó por una falla en su sistema de presurización.  



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El avión luego se trasladó al aeropuerto de El Trompillo, en donde se encuentra actualmente.

¿Pero por qué el presidente de la empresa que trajo la nave, Global Exec Aviation, se encuentra en un proceso por contrabando? se le consultó a la Aduana.

El gerente general de la entidad, Alberto Pozo, explicó que el proceso se inició en marzo, luego de que la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) informara que la nave se encontraba en condición de abandono.



Sin embargo, el diputado opositor Tomas Monasterio observó  el proceso penal que derivó en el decomiso y posterior nacionalización de esta nave.

Ayer, el legislador llegó hasta el juzgado donde se ventila el caso y pidió una copia del expediente. Luego de analizar el legajo, observó algunos puntos que, según él, no cuadran. Primero sostuvo que el avión se incautó sin que exista una sentencia ejecutoriada.

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Otro punto que cuestionó es que se nacionalizó la nave y se inició una acción penal, pese que los propietarios de la nave quisieron regularizar la situación del avión presentando apoderados y hasta pagando por el pernocte a Aasana.

“El Gobierno debió esperar el fallo del Órgano Judicial, que es el único que podía determinar qué hacer con el avión. Y no decomisarlo, pese que los propietarios solicitaron, una y mil veces, poner en derecho la situación jurídica del avión”, dijo.

Luego fue más allá y afirmó que continuarán investigando este caso y no descartó iniciar un proceso a los responsables de la Aduana de Bolivia por incumplimiento de deberes.



Aduana responde

La respuesta de la entidad no se hizo  esperar. Primero, el gerente de la Aduana, Alberto Pozo, aclaró que la nave sobrepasó el tiempo de estadía legal en el país, que es de 30 días.  

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“De acuerdo a las leyes bolivianas, a partir del día 31 ya se encuentra en situación de contrabando”, afirmó Pozo. Siguiendo  con su descargo, dijo que su despacho se enteró de la existencia de este avión en marzo por una notificación expresa que hizo la DGAC. Pero observó que no es normal que el avión se hubiera quedado por más de un año en el aeropuerto El Trompillo.

Sobre el reclamos hecho por Monasterio, por el decomiso y posterior nacionalización del avión sin que exista una sentencia ejecutoriada, afirmó que el legislador desconoce las leyes nacionales actuales. Sostuvo que la Ley 975, aprobada en 2017, otorga plena facultad a la Aduana Nacional para poder incautarse, traspasar y nacionalizar mercadería sin tener una sentencia. 

Admitió que tres representantes de la Global Exec Aviation hicieron diligencias para saber la situación legal del avión. Pero aclaró que los poderes presentados a nombre del presidente de esta empresa, Ramón Castillo Manríquez, y hasta los pagos por pernocte no tienen valor legal para frenar el proceso. “Solo presentaron cartas que no estaban notariadas”, afirmó.

El caso tiene varios capítulos y cada día se saben más cosas sobre el ya llamado ‘jet fantasma’.

Más sobre el tema:

La cifra

15
Meses

Es el tiempo que lleva este vehículo aéreo en el país.  Antes transportó a varias estrellas de música.

10
Millones de dólares

Es el valor que tiene este avión, según un avalúo realizado por la Aduana Nacional de Bolivia. 

Para saber

Fiscal no responde
Se llamó a la fiscal Consuelo Severiche, que fue asignada al caso, pero afirmó que no tenía nada que comentar porque ya no estaba a cargo del caso.

Propietarios
La aeronave, está a nombre del Bank of Utah, pero, según el suplemento Séptimo Día de EL DEBER, la nave estuvo a la venta.



 




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