El gobernador de Santa Cruz destaca la defensa de Incahuasi y critica que por la mala distribución de los recursos, los bolivianos se enfrenten entre ellos. Ve el pacto fiscal como la mejor opción para el país

El Deber logo
3 de junio de 2018, 15:38 PM
3 de junio de 2018, 15:38 PM

Rubén Costas desde hace 12 años está al frente de la Gobernación de Santa Cruz y es el encargado de mantener y apoyar la actividad económica del departamento, que tiene una participación del 30% ($us 10.000 millones) en el Producto Interno Bruto (PIB) del país y cuyo crecimiento oscila entre el 5 y el 6%, desde hace años, por arriba del promedio nacional.
Sin embargo, a pesar de los buenos números, la autoridad considera que el departamento tiene un talón de Aquiles, y es la extrema dependencia de los recursos  que generan las regalías, por lo que, en casos extremos, si se cierra ese grifo, la Gobernación está en serios problemas. 
Por ello, Costas sabe que luego del congelamiento de los recursos de Incahuasi, urge un cambio de curso para evitar que Santa Cruz se encuentre vulnerable, y para ello asegura que primero se debe trabajar al interior del departamento en una nueva redistribución de los recursos, para luego apostar por esa figura a escala nacional. 

—¿En estos meses, el departamento  tuvo algunas  turbulencias por el tema de los recursos de las regalías del megacampo Incahuasi  ¿Qué lectura hace del tema ya con un resultado favorable?
Más que turbulencias, creo que fue una tempestad de gran magnitud  que sufrió el departamento, por lo que se debe destacar el trabajo de mis funcionarios tanto en el plano jurídico como en el técnico. Después de dos años de argumentación bien sólida, a fin de 2017 nos viene un ardid del Tribunal que congela nuestros recursos y nos pone en una situación muy difícil.
Ante eso debo realizar una reflexión, y es que no puede ser que los recursos renovables y no renovables nos distancien, nos separen y nos enfrente entre regiones o departamentos. Por eso debemos trabajar en una redistribución justa y equitativa con solidaridad entre todos los departamentos. 

—Por orden de importancia, ¿puede detallar en qué se invierte el dinero de las regalías?
Las regalías principalmente se usan en el tema de la infraestructura vial, mientras que un 30% de los recursos que tenemos, y que son la mayor parte de las regalías, se las destina para la salud. Por eso el tema del congelamiento de nuestros recursos nos tenía muy preocupados; por ejemplo, no podíamos comprar una bracoterapia para tratar el cáncer de cuello uterino que afecta a las mujeres.
En estos seis meses en los que bloquearon las regalías, la planificación para hacer frente a este problema fue determinante para no parar las obras en marcha. Por eso debo agradecer a las empresas que están trabajando en la mejora de la red vial y de energía eléctrica por la paciencia y confianza para esperar a que les paguemos.
Debo aclarar que estos más de Bs 160 millones no eran para hacer obras nuevas, era dinero ya comprometido, ya tenía un destino; por ejemplo, para los ítems de salud, un aspecto relevante y delicado. Con parte de las regalías estamos  invirtiendo $us 2.000 millones en carreteras en contraparte con la ABC y con organismos internacionales. Son 25 carreteras que estructuran la red vial del departamento y que van a permitir a los productores de zonas alejadas tener la posibilidad de sacar su producción.

—Durante el conflicto de Incahuasi, otro frente se abrió en el departamento y fue el de los municipios productores de gas que buscan una nueva distribución de los recursos. Usted planteó Autonomía al andar, pero cuando le piden el 40% de las regalías, parece que la Gobernación se pone nerviosa.
No... no, de ninguna manera, me alegra mucho que aún se recuerde que antes que se constitucionalice la autonomía, cuando fui elegido por este pueblo prefecto, nosotros hicimos Autonomía al andar, y ese fue nuestro lema. Lo teníamos que hacer aunque no teníamos vigente las leyes, por eso pusimos en práctica un modelo revolucionario, y que aún lo es, que es el 50-40-10, donde se incorporó a las provincias productoras de hidrocarburos y se les daba el 50% de los recursos, a los municipios que no lo eran, un 40% y un 10% para el fondo indígena.
Ante el nuevo escenario habrá que sentarnos a discutirlo, porque siempre dije que el 50-40-10 no está escrito en piedra, que era perfectible, y esa opción es la ley de régimen provincial, que tiene que apoyar ya no solo en los recursos naturales renovables y no renovables , sino en la cantidad de población, en el tamaño territorial  y sobre todo tomando en cuenta el nivel de pobreza. Tenemos experiencia en la redistribución de las regalías y podemos mejorarla.

 

 —¿Cómo se la puede mejorar?
Se puede usar la fórmula de la planificación departamental, donde se hizo un gran diálogo  visitando una a una las provincias y los municipios y a todos los sectores sociales, y a partir de ahí planificamos el crecimiento del departamento.
La idea es no buscar enconos,  las regalías fueron buenas, seguro que sí,  son extraordinarias para el desarrollo cruceño, seguro que sí, pero es hora de que cambiemos de chip y busquemos una redistribución nueva. Nosotros ya lo hicimos con el 50-40-10, lo tendremos que mejorar con un régimen provincial, para luego que sea nacional.

—¿Cuáles son los mecanismos de control y transparencia que tiene la Gobernación en el manejo de los recursos?
Tuve una reunión con el secretario Solíz y con Roly Aguilera, nuestro secretario general, donde me mostraban el potencial hidrocarburífero que tiene el país y cómo se va a responder a la demanda interna y a las exportaciones;  para ello tenemos un sistema  donde sabemos segundo a segundo lo que está pasando en los pozos gasíferos. Además hay un acuerdo entre Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y nosotros para poder tener el control de los volúmenes de producción y cuántos recursos se genera, ahí hay un mecanismo de transparencia.
En cuanto a las obras que realizamos, todas son por licitación y no por invitación directa. En los estatutos hay la figura de un defensor,  que es el encargado de fiscalizar el trabajo de la Gobernación y del mío, es parte de los controles que tenemos.

—Del presupuesto que maneja la Gobernación, ¿qué porcentaje se destina al gasto corriente y cuánto a la inversión?
En este aspecto tenemos un límite en lo que se refiere al gasto corriente, hay un tope que no podemos pasarlo; por ejemplo, en el caso de la contratación de empleados. En esta merma de recursos que tuvimos los dos últimos años y que llegó al 60%, nos obligó a achicar nuestra estructura de recursos humanos.

—¿Esa medida de austeridad significó despidos?
Sí hubo una medida de austeridad que tuvo excelentes resultados, pues ante este panorama de menores recursos  no hicimos la política de esconder la cabeza, sino que la hicimos de frente, pues ya no se estaba en la bonanza de los buenos precios, pues mientras  bajaba nuestro presupuesto también íbamos reduciendo la planta (de trabajadores) de la Gobernación. Hubo despidos de unos  1.500 funcionarios y en estos dos años usted no vio quejarse a nadie, ni que se hable de masacre blanca o que distintos grupos hagan huelga de hambre frente a la Gobernación, porque estos despidos se hicieron cumpliendo todas las normas legales.

 —Cómo gobernador, ¿qué presupuesto tienen destinado o maneja?
Tengo mi sueldo, que llega a los $us 1.500, un vehículo de la Gobernación para el uso de mi función, un chofer, cuento con una partida de gastos de representación cuando viene alguna autoridad y se la debe atender. Todo viaje que tengo que hacer, pero que no hago porque estoy arraigado,  o que hace otro funcionario si no viene con el pasaje y la estadía paga, no se lo realiza.

—El modelo económico de Santa Cruz entre el agro y la industria es exitoso ¿Desde la Gobernación cómo se lo apoya?
Hay diversas formas en las que  apoyamos; por ejemplo, en el tema agropecuario apuntalamos al agro mediante el Centro de Investigación Agrícola Tropical, donde se genera más del 80% de las semillas.
Recibimos el 2006 un departamento que tenía menos del 50% de cobertura eléctrica, al igual que de agua potable. Tenía apenas 3.600 kilómetros de camino departamental y un 5% asfaltado. Eso ha cambiado, pues hay 15.000 kilómetros de tendido eléctrico, 8.000 hechos en mi gestión. Sin dudas que esto sirvió para un modelo de desarrollo social, mientras la empresa privada generaba puestos de trabajo y ya contaba con caminos, energía y agua potable para instalar sus industrias o trabajar en el campo, ahí reside nuestro apoyo.

—¿Cómo sustenta que el pacto fiscal es la mejor opción para Bolivia y por qué no se buscan otras alternativas en el departamento para generar nuevas fuentes de ingreso?
Cuando reclamábamos por el pacto fiscal, el Gobierno nos dijo, y me parece vergonzoso, que cobremos más impuestos  y que hagamos como ellos, es decir que creemos empresas públicas. ¿Hacer empresas? ¿Con qué recursos?, si apenas manejamos el 1% del Presupuesto General del Estado. Igual no voy a permitir que el boliviano que viva en esta región tenga que subvencionar y pagar los platos rotos por una mala gestión o administración de posibles empresas de la Gobernación. Y cuando nos dicen que cobremos impuestos, solo  podemos cobrar  los impuestos sucesorios a las herencias y los impuestos a las avionetas, además considero que para el cobro de un impuesto se debe brindar un servicio, y un claro ejemplo es el que se da en la pecuaria y la lucha contra la fiebre aftosa. Un programa que lo sostuvo mediante el cobro mínimo de la vacuna la Gobernación, los ganaderos y los frigoríficos.
En el tema del pacto fiscal, el Gobierno que se cree revolucionario sigue con el modelo de redistribución del presidente Sánchez de Lozada, un modelo anacrónico. Nosotros solicitamos que el 50% de la coparticipación tributaria vuelva a todos los gobiernos subnacionales y a las universidades públicas y el otro 50% que lo maneje el Gobierno central; nuestra propuesta no significa ni el 5% del PGE. Sin embargo, pensando para más adelante, ya no alcanza con mejorar esa coparticipación tributaria, sino lograr que todos los ingresos del país se redistribuyan de manera equitativa y justa para así evitar que los bolivianos peleen por un pozo de gas.