YPFB solo invertirá un 3,3% de sus recursos. Empresarios y expertos cuestionan el funcionamiento de las estatales. El ingenio San Buenaventura costó $us 263 millones, pero una empresa privada, con $us 100 millones menos, produce más

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7 de enero de 2018, 4:00 AM
7 de enero de 2018, 4:00 AM

Según el Presupuesto General del Estado (PGE-2018), aprobado en diciembre por la Asamblea Legislativa, las empresas públicas nacionales obtendrán durante esta gestión un presupuesto de Bs 81.041.186.292 del Tesoro General del Estado (TGN).

De este monto total, 14 entidades de las 29 asignarán Bs 12.020.453.640, es decir, el 14,8%,  a proyectos de inversión.

De acuerdo a los datos del presupuesto, publicados por el Sistema Integrado de Gestión Pública (Sigep) del Ministerio de Economía, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es la entidad estatal que obtendrá la mayor parte del presupuesto. Tiene asignados Bs 54.532 millones, mientras que para sus proyectos de inversión se destinarán Bs 1.826 millones (3,3%).

Los Contratos Petroleros, Mayoreo y el pago de su Deuda Interna serán los rubros fuera de sus inversiones, donde enfocará sus recursos, de Bs 20.594 millones, Bs 15,621 millones y Bs 7.805 millones, respectivamente, en todo el año.

Con más proyectos
Por su parte, la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE) es la entidad que destinará más del 50% de su presupuesto  (Bs 10.656 millones) en proyectos de inversión (Bs 5.685 millones).

De 50 proyectos programados para esta gestión, sobresalen el equipamiento y construcción de los ciclos combinados para la planta termoeléctrica Entre Ríos de Cochabamba con Bs 968 millones; la construcción de la planta de generación hidroeléctrica Ivirizu, con Bs 717 millones, y el equipamiento y construcción de los ciclos combinados de la planta termoeléctrica de Warnes (Santa Cruz), con Bs 618 millones de inversión.

Sin proyectos
Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol), Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), Bolivia TV, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), Cartones de Bolivia (Cartonbol), Boliviana de Aviación (BoA), la Empresa Boliviana de Almendras y Derivados (EBA), la Agencia Boliviana Espacial (ABE), la Empresa de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil, Quipus, Boliviana de Turismo (Boltur), la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y Transporte Aéreo Militar (TAM) no tienen ningún proyecto de inversión para este año.

Subvención

Con relación a las anteriores cifras de las entidades públicas nacionales, el analista económico Carlos Schlink señaló que este sector no  invierte porque no dispone de recursos ni tiene programas ni proyectos de inversión con viabilidad económica.

“En la actualidad, se desconocen cuáles de las empresas públicas son deficitarias y cuáles son superavitarias. En la gestión 2016, las empresas públicas generaron  un 4,5% del 6,5% del déficit público. Quiere decir que la mayor parte de las empresas no pueden cubrir ni siquiera sus costos y tienen que recurrir a recursos del TGN, del endeudamiento  a través de las Reservas Internacionales (RIN) para poder cubrir su año”, indicó. 

Dijo que también para este año se prevé un déficit más alto y añadió que “los bolivianos estamos subvencionando empresas que no son beneficiosas económicamente para el país”.

San Buenaventura y  Quipus

Ubicado en el norte paceño, el ingenio San Buenaventura fue uno de los proyectos que enarboló el Gobierno para convertir a La Paz en una zona agrícola. Para ello, el Estado destinó $us 263 millones. La factoría fue inaugurada pomposamente en el 2015, por el propio presidente Evo Morales, que recibió los primeros sacos del endulzante de forma simbólica.

En su primera zafra, en 2016,  produjo 109.000 quintales de azúcar. Pero tiene una capacidad de 1,2 millones de sacos, que recién será alcanzada en 2023, porque el lugar donde opera no es apto para el sector agrícola. 

Por eso, hasta esa fecha, el Gobierno habilitará 11.700 hectáreas con esta gramínea, pese a las críticas de ambientalistas, que cuestionan que la fábrica está a 12 kilómetros del Parque Nacional Madidi. 

En octubre de 2017, el  ministro de Desarrollo y Tierras, César Cocarico, dijo que al Gobierno no le “importó si había caña o no” en esta región, pero se hizo esta inversión porque era una “aspiración departamental” de La Paz de hace 50 años.

Pero a diferencia de San Buenaventura, el Ingenio Azucarero Aguaí, de propiedad privada, costó $us 160 millones, en su primera zafra de azúcar (antes producía alcohol) en 2016 embolsó 1 millón del endulzante: es decir, 817,43 % superior que el proyecto estatal, y con $us 100 millones menos produjo más.

Recientemente, el Gobierno anunció el cierre de la línea de producción de teléfonos móviles Quipus, una empresa tecnológica con recursos públicos.

El argumento para tomar esta medida fue la gran penetración de celulares de  origen asiático.

“Es difícil competir, hemos decidido que no se va a producir celulares por este año”, fueron las palabras usadas por el ministro de Desarrollo
Productivo, Eugenio Rojas, al dar esta noticia.
Para algunos, expertos y economistas, los malos resultados de las empresas públicas, como Quipus, demuestran el fracaso del modelo económico basado en el desarrollo de empresas públicas.

Para Henry Oporto, investigador de la Fundación Milenio, el Gobierno debe instruir “una auditoría general a estas compañías”, pero la misma debe realizarse de forma independiente.

“El fracaso de Quipus no es aislado, sino son sucesivos fracasos. Si el Gobierno fuera sensato, tendría que cerrar las empresas deficitarias”, afirmó el analista.

El economista Roberto Laserna lamentó que hasta el momento no se tenga información sobre el manejo financiero de estas entidades. Cuestionó que la creación de algunas empresas se debió más a decisiones políticas antes que económicas.

“San Buenaventura y Karachipampa se hicieron sin viabilidad financiera”, aseguró.
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) señaló que el Gobierno ha vivido con sus empresas en carne propia las dificultades que tienen las firmas nacionales, a la hora de sostenerse en el mercado.  

“Deben darse cuenta de que no pueden malgastar nuestros recursos, en algunos casos hay que tomar la decisión de cerrarlas”, afirmó el dirigente industrial. 
Lamentó que, pese a esta experiencia, el Ejecutivo seguirá invirtiendo en estas empresas.

Empresas que reportaron problemas

1.- En diciembre, las cuentas de la estatal Transporte Aéreo Militar Empresa Pública (TAM-EP) fueron congeladas por disposición del Ministerio de Economía. Luego se amplió el plazo para que se regularice.

2.- En 2016, tras el cierre de Enatex, se despidió a 800 obreros y la empresa se convirtió en un Centro de Servicios Tecnológicos para la industria textil con menos empleados.

3.- Hasta octubre de 2017 la Empresa Minera Huanuni (EMH) tuvo $us 15 millones de ganancias. En 2016 reportó pérdidas por $us 10 millones, según datos oficiales.

4.- En 2017, el Gobierno creó la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que efectuará fiscalizaciones mensuales a la rentabilidad de las firmas.