Bolivia no negocia tarifas con Arica a tres días de cumplir plazo
Se intercambiaron misivas en julio para lograr reunirse. ASP-B indicó que el 8 de julio pidió prórroga hasta agosto, pero no aceptaron. La Cancillería envió una nota reversal
La aplicación de un nuevo manual de servicios por parte de Chile, donde se considera el ajuste tarifario del servicio portuario para Bolivia, ha tenido que llegar a instancias superiores de la Cancillería, para buscar una solución.
Ninguna de las instancias diplomáticas o técnicas se pronunció, a tres días de que termine el plazo que dio Terminal Puerto Arica (TPA) a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B). El 2, 8 y 29 de julio, la Empresa Portuaria Arica (EPA) envió misivas escritas e hizo una llamada telefónica el 12 de julio al gerente de la ASP-B, David Sánchez. Le pedía reunirse para negociar costos preferenciales de los servicios a la carga boliviana, antes de aplicar las tarifas públicas reales y sin rebaja, desde el 5 de agosto.
La ASP-B mostró su predisposición de participar de la reunión el 8 de julio, pero para la primera quincena de agosto, la propuesta fue rechazada. Ayer jueves, EPA insistió con otra carta, recordándole al gerente de la empresa boliviana las anteriores invitaciones.
“Se reitera la invitación a su persona para que concurra a este puerto para conocer la opción que tiene ASP-B de acceder a descuentos tarifarios diversos sobre las tarifas públicas, sujeto a condiciones objetivas y no discriminatorias (volumen, frecuencia e itinerarios de carga)”, señala la carta de ayer, firmada por Rodrigo Pinto, gerente general de EPA.
Rechazan tarifas
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff, reveló que el empresariado se reunió en las últimas horas con el viceministro de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Benjamín Blanco, donde ambas partes rechazaron la decisión unilateral de subir las tarifas para la carga boliviana, de parte de las autoridades chilenas del sector portuario.
“Hemos hablado con el viceministro Blanco y se ha decidido que el Gobierno enviará una nota reversal a la Cancillería chilena para resolver el tema. La empresa de Arica desea incrementar en 250% el costo, pero no lo puede hacer de forma unilateral”, dijo a la agencia estatal ABI
