El presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y legislador oficialista, Henrry Cabrera, exigió a la empresa estatal homologar el trabajo que hizo la firma canadiense, que estableció que el reservorio está un 100% en suelo cruceño

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17 de abril de 2018, 7:00 AM
17 de abril de 2018, 7:00 AM

La bancada del Movimiento al  Socialismo (MAS) de Santa Cruz exigió ayer a YPFB ratificar el estudio sobre la ubicación del megacampo de gas Incahuasi, realizado por la firma canadiense  GLJ Petroleum. Este peritaje establece que el yacimiento, en su totalidad, está en suelo cruceño. La región oriental mantiene una disputa por la propiedad del campo con el departamento de Chuquisaca, y a raíz del conflicto, las regalías generadas por Incahuasi están retenidas desde diciembre del año pasado.       

Límites
Pero una reciente resolución (090/2018) del Ministerio de la Presidencia zanja el tema de límites a favor de Santa Cruz.   

Henrry  Cabrera, presidente de la Brigada  Parlamentaria cruceña, y asambleísta del  MAS, sostuvo que al verse dilucidado de forma definitiva el tema de los límites, corresponde que YPFB respete el estudio realizado por la firma canadiense.

En días pasados, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informó de que Yacimientos realizaría un nuevo estudio. De hecho, se anunció la contratación, sin licitación, de la firma Sproule International Limited, para verificar nuevamente la ubicación del reservorio. Sin embargo, para Cabrera, este nuevo estudio no es necesario.

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“Exigimos que se respete el estudio realizado el 31 de agosto de 2016, donde se certifica que el reservorio del pozo de Incahuasi está un 100% en el departamento de Santa Cruz”, dijo.

Esta postura fue apoyada por la senadora oficialista Adriana Salvatierra. La legisladora sostuvo que, de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos, la retención del pago de regalías es ilegal.

Ambos legisladores criticaron a la Gobernación de Santa Cruz por “tomar un camino equivocado” en la defensa de las regalías, incluso calificaron de “chambón” a su equipo jurídico.  

Reprogramación

Con relación al conflicto limítrofe, la bancada oficialista indicó que presentó una solicitud de reprogramación a la acción de cumplimiento que planteó la anterior semana ante el Juzgado Público Séptimo, en materia civil, del tribunal departamental de Santa Cruz, contra YPFB, para que se descongelen las regalías.

Salvatierra explicó que la audiencia se tenía que realizar hoy,  pero se presentó la solicitud para poder notificar a las partes en conflicto (YPFB y las gobernaciones de Santa Cruz y Chuquisaca). 

“Instamos al gobernador a que se pueda hacer una defensa plena de Santa Cruz. Es hora de trabajo en conjunto, públicamente hacemos conocer la reprogramación para que puedan estar con nosotros”, afirmó Cabrera.

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Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, se mostró sorprendido por las afirmaciones de la bancada oficialista. Agradeció las buenas intenciones, pero sostuvo que la idea de realizar un nuevo estudio, y seguir postergando el pago de regalías, es una medida que nace desde las altas esferas oficialistas. Es más, apuntó al ministro Carlos Romero de ser el principal impulsor.

“Cada vez, el MAS se hunde más en Santa Cruz. Cuando los masistas hablan quedan mal parados ante el pueblo cruceño y hacen quedar mal a su partido”, ironizó Peña.

Se llamó al ministro  aludido, pero no contestó su celular. También se intentó consultar al presidente de  YPFB, pero no se pudo obtener su respuesta para esta nota. 

Acción legal

Gobernación
La Gobernación de Santa Cruz presentó ayer ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de impugnación contra el juez Wilfredo Núñez, que rechazó el descongelamiento de las regalías, informó ayer el secretario de Gobierno de Santa Cruz, Vladimir Peña. La autoridad dijo que está en manos de esta instancia liberar los recursos cruceños.

Plazo
El Comité Cívico de Santa Cruz anunció que el lunes 23 de abril vence el plazo otorgado para que descongelen las regalías.   El presidente de la entidad dijo que después de este plazo realizarán medidas de presión para exigir la liberación de los recursos confiscados. Desde la  Asamblea Legislativa Departamental indicaron que se sumarán a las acciones de protesta que ameriten para revertir el fallo del TCP.