ECONOMÍA

Automotoras presentan demanda penal a viceministro Peñarrieta por permitir subfacturación de vehículos importados


Según la CAB, la autoridad no interpuso medidas en frontera para la correcta nacionalización de vehículos que ingresan al país

Intituciones del sector automotriz expresan su malestar por el incumplimiento de Peñarrieta
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28/02/2018

El viceministro de Comercio Interno y Exportaciones, Fernando Peñarrieta, fue denunciado por el delito de “desobediencia a las resoluciones de acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, ante el Ministerio Público en Santa Cruz, por representantes de Toyosa y de la Cámara Automotor Boliviana (CAB).

La denuncia, que fue admitida el 16 de febrero, se refiere a que la autoridad incumplió la Sentencia Constitucional que le instruyó hace nueve meses atrás, interponer medidas en frontera para la correcta nacionalización de vehículos que ingresan al país.

Según el sector de importadores de vehículos legales, esta situación estaría ocasionando un daño de más de $us 100 millones anuales al país.



“Llama la atención la actitud en virtud a qué actuó de esa manera el viceministro Peñarrieta. No podemos entender que nos se está cumpliendo la sentencia, por una iniciativa personal o basado en qué. Estamos a la espera que al ser admitida la demanda, estamos a la espera de ver cómo se desarrolla esto y ver cómo podemos intervenir como Cámara”, manifestó el representante de la CAB, Luis Encinas.

La Sentencia había sido corroborada por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la ciudad de Sucre, pero su incumplimiento por esta y otras autoridades, hace que no haya control previo para legalidad de los vehículos que están siendo internados de contrabando y de forma ilegal a Bolivia. La CAB estima que aproximadamente unos 10.000 vehículos ingresan subfacturados y evadiendo impuestos al país anualmente.

Por su parte, Erick Saavedra, representante de Toyosa, señaló que el cumplimiento de las normas es de cumplimiento obligatorio y el viceministro Peñarrieta “tiene responsabilidad civil”, ante ese incumplimiento

“Se supone que las autoridades son personas capacitadas en sus funciones. Asumo que la instancia es para que el funcionario, haga su trabajo como todas las personas”, manifestó.



Consultado, el viceministro Fernando Peñarrieta, que está siendo procesado por la Fiscalía, aseguró que no se iba a pronunciar al respecto porque no había ninguna línea de su Ministerio de Desarrollo Productivo de quien depende.



 




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