Recursos. La IED bruta llegó a los $us 1.553 millones, un 27,2% más con respecto a 2017, según el Gobierno. Para los privados y los analistas el país puede captar más capitales si da señales de apertura y confiabilidad

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2 de abril de 2019, 4:00 AM
2 de abril de 2019, 4:00 AM

De acuerdo con el Gobierno, en 2018 la Inversión Extranjera Directa (IED) bruta creció un 27,2% con respecto a 2017; es decir, pasó de $us 1.221 millones a $us 1.553 millones. Sin embargo, para los analistas y las entidades privadas consultadas el monto podría ser mayor si se realizaran ciertas reformas que hagan de Bolivia una plaza tentadora para los inversores foráneos con capacidad de generar valor agregado.

Para José Alberti, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la principal traba es de orden estructural y tiene que ver con la actual Ley de Inversiones que a su criterio es muy limitada, poco clara y que no defiende el derecho propietario.

Alberti precisó que en esa norma es el Estado el que tiene preponderancia y es el que planifica la inversión y determina cuáles serán preferenciales y cuáles no, en este punto, el economista remarcó que los capitales transnacionales buscan países con más libertad.

Otro aspecto poco claro es el tema del arbitraje y que a criterio de Alberti en el país es tratado de manera ambigua y general, lo que generaría desconfianza e inseguridad jurídica.

Un segundo obstáculo tiene que ver con la burocracia que provoca un encarecimiento a la hora de querer exportar o realizar un emprendimiento.

“Somos el país más burocrático de la región a la hora de realizar trámites ligados al comercio internacional, acá se necesitan 108 documentos, cuando en Perú es la mitad”, señaló Alberti.

Armando Méndez, expresidente del Banco Central de Bolivia, indicó que la ley denominada de Promoción de Inversiones hace notar que Bolivia se declara como una economía planificada por el Estado, en donde se decide en qué sectores se promoverán la inversión, así el Estado ejerce la dirección y el control de los sectores estratégicos de la economía; por ende, la Ley de Inversiones determina la exclusividad del Estado en cuanto a inversión en sectores estratégicos.

Ante esta situación, Méndez señaló que esta es una traba para la atracción de la inversión extranjera directa que busca dejar sus recursos en los países con amplios márgenes de libertad. Estos agentes, a decir de Méndez, buscan ventajas competitivas ya que sus decisiones se basan desde una lógica económica que les permita asegurar beneficios y reducir riesgos.

Para Jorge Akamine, actual presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, los intereses políticos y la elección de un bloque ideológico es otra de las trabas que tiene el país para atraer nuevas inversiones extranjeras.

Akamine precisó que los capitales transnacionales analizan cómo es el comportamiento político del país, a qué bloque está aliado y si éste es compatible con sus intereses.

“Lo ideal sería que nuestro país tenga una postura neutral, que dé un giro y cambie su discurso antimercado. Actualmente, nuestros aliados son Irán, Venezuela, Rusia y China, cuando sabemos que la inversión que trae tecnología proviene de los países europeos y de Estados Unidos”, dijo Akamine.

El respeto a la Constitución Política del Estado (CPE) es otro de los factores que a criterio de 
Alberti y Akamine analizan los grandes capitales foráneos a la hora de destinar sus recursos.

“Es importante que el Gobierno cambie y dé señales de que en el país se respetan las leyes, que hay certidumbre y que la propiedad privada y sus recursos respectivos se van a respetar. Eso es fundamental”, puntualizó Akamine.

Wilfredo Rojo, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), coincidió con los anteriores enfoques al indicar que el gran cuello de botella es la actual Ley de Inversiones que está más orientada a proteger los recursos extranjeros destinados a las obras que lleva adelante el Estado, que a promover la inversión extranjera directa para el sector privado.

Rojo subrayó que el otro limitante es el tema de la normativa de arbitraje, que aún no está reglamentada y que eso genera dudas entre los inversores que a la hora de apostar por algún mercado analizan de forma global la situación del mismo.

“No solo les importa que hayan reglas claras, que no exista burocracia, sino también que haya independencia judicial a la hora de resolver temas comerciales y eso en el país deja mucho que desear”, dijo Rojo.

Jaime Dunn, analista financiero, indicó que son cuatro los factores que se deben cambiar si se quiere superar los $us 1.500 millones de IED y por lo menos acercar a lo que el año pasado, de acuerdo con la Comisión Económica para Amé­rica Latina y el Caribe (Cepal), captó Paraguay que estuvo por el orden de los $us 5.000 millones.

Los puntos que observa Dunn están referidos a la seguridad jurídica que a su criterio en los últimos años no es una garantía para la inversión privada extranjera o nacional, pues en reiteradas ocasiones se vulnera la CPE. Otro punto mencionado anteriormente, es el desempeño de la justicia y su independencia del Poder Ejecutivo, que para Dunn es determinante para que hayan nuevas inversiones extranjeras y no solo la reinversión de capital foráneo que ya está hace años.

La cantidad y el costo de los trámites que se deben hacer para realizar una exportación o encaminar un emprendimiento es otro de los factores que toman en cuenta los inversores que por lo general buscan una rentabilidad de manera rápida y no tan burocrática.

El cuarto punto observado por Dunn es el porcentaje que los capitales extranjeros deben pagar por retirar su dólares del país.

“Por ley, el BCB cobra una comisión del 12,5% a esto se le debe sumar el de la banca privada que está entre el 2 y 3%. Entonces ese 15% de pago obliga a que la rentabilidad de esos capitales sea de un 25% para poder hacer ese descuento y llevar un 10%, una situación que muchas veces no sucede en el país”, explicó Dunn.

¿Qué hacer?

Desde el Ministerio de Planificación indicaron que para mejorar la inversión, no solamente extranjera sino nacional, se coordinará con los empresarios privados del país para que se sumen a los proyectos de infraestructura pública que tiene previsto realizar el Gobierno durante 2019. Desde esta cartera precisaron que en la actualidad los privados trabajan con el Ejecutivo en dos proyectos clave para el país, el desarrollo estratégico de Puerto Busch y el hub en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz.

A tiempo de destacar la participación de las empresas extranjeras en la inversión en el país, como la alemana ACI System que es socia estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos para la industrialización del salar de Uyuni, en donde la firma comprometió una inversión de $us 1.300 millones.

Al respecto Rojo precisó que desde la Caneb se ve con buenos ojos el trabajo en equipo con el Gobierno y que este tipo de alianza público-privada de alguna manera puede permitir una mejor sinergia entre los capitales privados nacionales y del exterior.

Aunque remarcó que para dar el salto de calidad se necesita de capitales nuevos que apuesten por las telecomunicaciones, la energía alternativa y el comercio digital y que de paso dejen su ‘know-how’, tan necesario para el país.

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