Ya acudieron seis ante la Fiscalía por caso Quiborax
Gustavo Pedraza y Luis Fernández ayer comparecieron ante el fiscal, que tiene hasta el 10 de julio para definir juicio a Mesa
Con la declaración de seis exautoridades de Gobierno, dentro de una proposición acusatoria por el caso Quiborax, entre ellos Carlos de Mesa, la Fiscalía General va cerrando la investigación preliminar para que en las dos siguientes semanas, hasta el 10 de julio, defina si pide autorización de juicio de responsabilidades al Legislativo, rechaza la denuncia o decide ampliar la investigación contra Héctor Arce, Pablo Menacho,
Elizabeth Arismendi y Cesar Navarro, tal como lo pidió el expresidente.
Ayer estuvieron frente a la comisión de fiscales, los exministros de Desarrollo Sostenible y de Trabajo, Gustavo Pedraza y Luis Fernández Fagalde, respectivamente, que en la misma línea de Mesa, harán una fundamentación de sus descargos por escrito y no respondieron a todas las preguntas de los fiscales por temor a que las mismas sean utilizadas en su contra.
Después de salir de la Fiscalía, Pedraza dijo que la proposición acusatoria de la Procuraduría no tomó en cuenta que él no era ministro cuando ocurrieron los hechos acusados y recién llegó al cargo en abril de 2004. “Hemos respondido a lo que nos ha preguntado, eran varias preguntas, no recuerdo cuántas”, señaló.
Por la tarde, Fernández Fagalde usó la misma estrategia y también lo hará por escrito. Dijo que como ministro defendió los intereses del Estado evitando la explotación irracional y abusiva de empresas extranjeras como la Quiborax que se posesionaron en importantes zonas del salar de Uyuni.
Fernández pidió a la Fiscalía General acumular la proposición acusatoria de la Procuraduría y la demanda de Mesa para lograr un esclarecimiento de los hechos denunciados, lo que supone que Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, Pablo Menacho y Cesar Navarro también deberían ser incluidos en investigación.
En calidad de testigos en este proceso han declarado el exministro de la Presidencia del gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, Iván Avilés; la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi y el ex procurador Hugo Montero.
La Fiscalía General aún no se pronunció sobre esa denuncia, no obstante, ayer el fiscal superior José Manuel Gutiérrez dijo que la denuncia tiene su trámite correspondiente, por lo que considera que fue derivada a la unidad fiscal que tenga competencia sobre ese hecho.
La Fiscalía todavía evalúa a cuántas personas más convocará para las declaraciones testificales; hasta ayer declararon las tres ex autoridades denunciadas, pero se acogieron a su derecho al silencio.
El fiscal dijo que el derecho al silencio es una garantía constitucional de que eso no puede ser utilizado en su contra.
El abogado de los ex ministros, Ariel Coronado, indicó que sus defendidos hicieron uso de su derecho al silencio y fundamentarán su descargo por escrito para evitar cualquier situación. “Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, entonces muchas veces es mejor estructurar la defensa por escrito en base a documentación documental y testifical”, enfatizó.
Aclaró que la proposición acusatoria de la Procuraduría ingresó a la Fiscalía General el 22 de mayo y el 23 de mayo ya fue puesto a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para el control jurisdiccional de la investigación.
