La alianza Bolivia dice No presentó más de 100.000 firmas que recolectó en el país. Otros frentes también impugnaron

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12 de diciembre de 2018, 5:00 AM
12 de diciembre de 2018, 5:00 AM

Las firmas que recolectaron los dirigentes de la alianza Bolivia dice No para impedir la repostulación del binomio oficialista Evo-Álvaro no tendrán mayor efecto porque las demandas deben ser presentadas por los militantes de los partidos y no por terceras personas, advirtió ayer el vocal del Tribunal Supremo Electoral Idelfonso Mamani.

“Hay condiciones que tienen el reglamento y la ley, primero deben tener la condición de militante de la organización política al que está impugnando; luego debe acomodarse a las causales que tienen que ver con la inelegibilidad del binomio”, dijo el vocal sin especificar las causales.

El reglamento de “elecciones primarias de candidaturas de los binomios presidenciales para las elecciones generales 2019” del Tribunal Supremo Electoral establece, en su artículo 40, que los demandantes deben acreditar su militancia para impugnar a un determinado candidato y hace referencia a las causales de inhabilitación previstas en la Constitución Política del Estado.

El candidato a vicepresidente de la alianza Bolivia dice No, el senador Edwin Rodríguez, advirtió que las impugnaciones a candidatos están previstas en la Ley de Régimen Electoral y las causales de inelegibilidad en la CPE, por tanto, un reglamento no puede estar por encima de la norma fundamental y la ley, refirió.

De ese modo, dijo que si los vocales de sala plena no toman en cuenta la demanda que realizan, con la presentación de más de 100.000 firmas, cualquiera de esos ciudadanos que firmaron los libros podrá iniciar un proceso penal contra los vocales electorales.

Pero al margen de las firmas que presentó esta alianza, dos militantes del MAS, el diputado Rafael Quispe y Marcel Rivas, presentaron las demandas de inhabilitación contra el binomio oficialista; ambos acreditaron ser militantes con certificación del propio TSE. Empero, los presidentes de las cámaras legislativas descalificaron esas demandas.

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