Subida de tensión entre Gobierno y ONG provoca reacción internacional

Amnistía Internacional (AI) lanzó una acción urgente en favor del Centro de Educación y Documentación Bolivia (Cedib), al considerar que se encuentra amenazado por el Gobierno. Su intención es la de garantizar el trabajo de investigación en pos de los derechos humanos y los recursos naturales. 

Este es el último capítulo de una escalada de tensión entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, que esta semana alcanzó nuevos picos por las advertencias del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, y el congelamiento de cuentas del Cedib por parte de la ASFI.
El miércoles, Hugo Siles advirtió que aquellas instituciones que no se readecuaron a la Ley 351 cometieron ‘desacato’ y eso tiene sus consecuencias.

“Si yo desacato una sentencia del Tribunal Constitucional y me voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya no hay recursos posteriores.  ¿La CIDH nos va a decir que el objeto (de las ONG) es de no contribuir (al desarrollo)?,  olvídese, no hay eso. Hay una obstinación, no sabemos con qué propósito, que ha sido de permanente cuestionamiento a  esta normativa”, dijo Siles, en declaraciones a ANF.
El funcionario se refería a la Ley 351, promulgada hace cuatro años,  que exige a las ONG definir su “contribución al desarrollo económico y social”, mientras que en el artículo 14 señala que si la institución realiza actividades ‘distintas’ a las establecidas en la Ley 351, es pasible a la ‘revocatoria’ de la personería jurídica, para ello se establece un trámite administrativo en la reglamentación.

Esta norma fue cuestionada por el relator de los derechos humanos de Naciones Unidas, pero Siles consideró que el relator no es Dios para decirle al Estado boliviano qué hacer.

Cuentas congeladas

Un día después, el Cedib denunció que la ASFI le había congelado sus cuentas. Dedicado a la investigación sobre derechos humanos y recursos naturales, el Cedib es un crítico duro a la política extractivista del Gobierno.

Según Marco Antonio Gandarillas, director del Cedib, este hecho no es casual y forma parte de un ataque sistemático al Cedib, promovido desde el Poder Ejecutivo, y aseguró que no fue notificado oficialmente sobre la referida orden judicial.  

Esto provocó que AI haya recibido información del Cedib sobre supuestas amenazas a su trabajo a través de medidas que generan inseguridad financiera del personal de la institución a causa de la congelación de sus cuentas bancarias. “Esta es la última de una serie de intentos para obstruir el trabajo legítimo del Cedib y una señal preocupante de la reducción del espacio cívico en el país”, señala el documento.

A través de la acción urgente, AI pide a la sociedad civil escribir al defensor del Pueblo, David Tezanos, para que proteja la integridad del personal y los activos financieros del Cedib y se asegure de que las organizaciones de la sociedad civil disfruten de un entorno seguro y propicio para desarrollar sus actividades.

También AI insta a escribirle al viceministro de Autonomías, Hugo Siles, para que reconozca públicamente el trabajo legítimo en derechos humanos del Cedib y asegure que el rector de la Universidad Mayor de San Simón, de donde el Cedib fue desalojado, se abstenga de cualquier acción que ponga en riesgo al personal y el trabajo del Cedib.

Por su parte, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos culpó directamente al Gobierno por la acción y lo acusó de tratar de “conculcar el trabajo intelectual del Cedib”.