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Revilla acusa 'instrucción política' detrás del pedido de detención domiciliaria

La autoridad municipal ratifica que es víctima de "persecusión". La Fiscalía pedirá medidas sustitutivas en su contra dentro del proceso judicial por el caso Alpacoma

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8 de agosto de 2019, 11:09 AM
8 de agosto de 2019, 11:09 AM

"No hay otra cosa que no sea una persecución judicial, legal y política contra el alcalde de La Paz", afirmó la mañana de este jueves el alcalde de La Paz, Luis Revilla, ante el pedido de detención domiciliaria que realizará la Fiscalía por el caso Alpacoma.

El burgomaestre paceño fue imputado por la presunta comisión de los delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes, por el derrame en el relleno sanitario, registrado la noche del martes 15 de enero, y que causó el deslizamiento de 20.000 litros de lixiviados (líquidos de material en descomposición) y 850.000 toneladas de basura.

"Se trata de una acción política, todos los casos en los que me denuncian son por diputados o dirigentes del MAS, hablan de supuestos daños a la salud sin que exista una auditoría, por arte de magia la Fiscalía ya estableció cuales son las causas y responsables, saltándose todos los procedimientos", reprochó el titular.

Declaraciones de la autoridad:

En la víspera el investigador asignado al caso, dijo que "se pidió la detención domiciliaria, que tenga una fianza personal, registro biométrico, imposibilidad de acercarse a ciertos y determinados lugares; arraigo, todos ellos para cuidar que la investigación no se obstaculice".

Revilla anunció que asumirá todas las acciones ante instancias nacionales e internacionales para defenderse, reiterando que "no hay otra cosa que no sean instrucciones políticas, una acción política promovida por el MAS, por sus diputadas, por su alcalde de Achocalla, evitando aclarar responsabilidades graves como el contrato que ya existía para el uso de basura de La Paz en Achocalla".

La denuncia fue realizada en mayo por el alcalde de Achocalla, Dámaso Ninaja, y existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que el 16 de mayo determinó indicios de responsabilidad penal en contra del edil paceño.

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