La Fiscalía General del Estado presentó ante el TSJ un requerimiento acusatorio en contra del expresidente, Carlos Mesa, para iniciar un juicio de responsabilidades en su contra

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10 de julio de 2018, 8:32 AM
10 de julio de 2018, 8:32 AM

"Yo acuso, a una justicia manipulada, a funcionarios de Gobierno que le han entregado $us 42,6 millones a los falsificadores Allan Fosk y David Moscoso, a un modelo envilecido que está destruyendo nuestra democracia", fue lo que escribió en su cuenta de twitter este martes el expresidente y agente ante La Haya, Carlos Mesa, por quien la Fiscalía General del Estado, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ,) el requerimiento acusatorio de juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

Mesa hizo un recuento sobre las siete cosas "mal hechas" en los últimos 10 años en la "defensa de los intereses de Bolivia". Te las mostramos a continuación:

1. Llegar a un Acuerdo de Conciliación con NMM-Quiborax por 3 millones de dólares y rechazarlo.

2. Pagar durante diez años más de 4 millones de dólares a abogados internacionales, 1 millón más que el acuerdo rechazado.

3. No apelar a las cláusulas específicas del Protocolo del Acuerdo Bilateral con Chile de Protección de Inversiones, para cortar de raíz el litigio producto de la falsificación de un acta de composición accionaria de NMM-Quiborax. Esa sola argumentación hubiese obligado al Tribunal a desestimar la demanda por la evidencia de que NMM no tenía una composición accionaria mayoritariamente chilena. Bolivia no lo hizo.

4. Llegar a un acuerdo por 27 millones de dólares, la mitad del monto fallado por el Tribunal Arbitral y no llevarlo a efecto porque el socio falsificador David Moscoso se opuso, como si Bolivia negociara socio por socio y no, como debía ser, con una persona jurídica: la empresa NMM-Quiborax.

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5. Redactar desde oficinas de la Procuraduría en complicidad con los abogados de Quiborax, desistimientos del juicio penal por falsificación que comprometían a Allan Fosk (dueño de Quiborax) y el fallo judicial de sobreseimiento, violando la independencia de poderes y haciéndolo con extranjeros acusados en el proceso, en un aspecto que fue central en la argumentación de Quiborax. Este es el más grave de todos los delitos en los que incurrió la Procuraduría en este caso.

6. Pagar 42,6 millones de dólares a NMM-Quiborax, producto de un tercer acuerdo entre partes (el peor de los tres), es decir pagar esa astronómica suma a David Moscoso y Allan Fosk, falsificadores de un acta que les permitió iniciar el litigio contra Bolivia en el CIADI

7. Aprobar un DS firmado por el presidente (Evo) Morales y sus ministros en el que se afirma que se dicta la norma en cumplimiento del Laudo, y en la práctica se paga el monto del tercer acuerdo, no lo establecido por el Laudo. De donde se concluye que el DS mencionado avala la peor de las tres negociaciones llevadas a cabo por Bolivia con Quiborax, no el Laudo del CIADI.

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