Quiborax: Carlos Mesa señala a 4 responsables del daño económico

Carlos Mesa defiende el proceso que siguió para expulsar a una empresa “pirata” que le ganó un arbitraje a Bolivia por “negligencia del Gobierno. Respondió al cuestionario que EL DEBER le envió sobre el tema.

_(Cuatro preguntas del cuestionario las unió para dar una respuesta). El ministro Héctor Arce y el procurador Pablo Menacho dijeron que Quiborax ofreció a Bolivia en varias  ocasiones la solución amigable de la controversia a través de negociaciones directas. Que usted recibió una carta el 22 de julio de 2004,  casi un mes después de la promulgación a través del decreto de revocatoria de concesiones; otra el 23 de junio, para informarle el inicio de la controversia y a invitarlo a una conciliación amistosa , y empezó a correr un tiempo de seis meses de plazo. En octubre le volvieron a escribir para decirle que no recibieron respuesta. El 7 de diciembre, y el 24 de enero, para informarle de que concluyeron los seis meses para llevar adelante el arbitraje. Además, que dos ministerios emitieron informes sobre el tema. ¿Qué dice usted?

Hay un aspecto central que debe entenderse. Nuestro DS y la resolución de la Superintendencia de Minas en nuestro Gobierno que anuló –como establece la normativa del Código Minero- todas las concesiones de Non Metallic Minerals (NMM), partió de una premisa esencial: la ilegalidad de las concesiones originales, es decir, el vicio más antiguo, no habilitaba negociación alguna con la empresa y menos una conciliación. Esa es la razón por la que no se atendió los reclamos de NMM. 

Las consideraciones técnicas sobre aspectos legales expresadas en informes internos dieron pie al DS del presidente Rodríguez que abrogó mi DS, dejando en plena vigencia la impecable resolución de la Superintendencia de Minas que anuló todas las concesiones de NMM.

_El Gobierno sustenta su acusación para el juicio de responsabilidades en el hecho de que usted expropió a Quiborax NMM con la Ley 2564  sin modificar el Código de Minería que había dejado un anterior Gobierno de Sánchez de Lozada que se impedía hacerlo, ¿se pasó por alto esa norma y se expropió solamente con un decreto? Los chilenos dijeron que los sacaron y usted no cumplió la ley y el Gobierno sustenta la acusación en contra suya basado en una ley neoliberal, ¿qué opinión le merece eso?

No merece mayor comentario. Lo relevante fue nuestra Ley de ampliación (nacionalización) de la Reserva Fiscal de la Costra Salina del Salar de Uyuni y la consecuente expulsión de una empresa pirata como lo era NMM-Quiborax. 
Que a estas alturas tengamos que dar explicaciones a los reclamos de una empresa que, por negligencia del Gobierno del presidente Morales inició un litigio contra el país sobre la base del grave delito de falsificación de un acta de composición accionaria es en sí mismo una tremenda ironía.

_¿Se completaron las seis auditorías con las que se debía realizar ese proceso?
Sobre el tema es relevante insistir en dos cuestiones. La primera, mi DS fue abrogado por el presidente Rodríguez, la segunda, el valor jurídico incuestionable en torno a NMM-Quiborax es la resolución de la Superintendencia de Minas hecha durante mi Gobierno. Esa es la piedra angular y la base jurídica de la posición de Bolivia que se encaró erradamente en el actual Gobierno. Si el problema fueran las auditorías, quedó eliminado con la abrogación hecha por el presidente Rodríguez y reforzado por la ratificación de lo hecho por la Superintendencia de Minas en mi gestión.
 

_El Gobierno dice que siguió con el consorcio de abogados que usted dejó, ¿fue así?

Mi Gobierno jamás contrató a un consorcio de abogados para el caso Quiborax. Las consultas jurídicas internacionales que hicimos estaban referidas al tema de nuestra reivindicación marítima.

_El procurador asegura que si prospera el juicio de responsabilidades, su tarea es recuperar el daño económico, es decir, que usted pague de su bolsillo una compensación económica  en relación con los $us 42 millones y deja el tema penal al tribunal, ¿cómo lo ve? Además, no pagaron $us 3 millones ni $us 22 millones, pero sí $us 42 millones esperando juzgarlo, ¿cómo califica usted eso?

La total responsabilidad del daño económico al Estado es del exministro de Defensa del Estado y exprocurador Héctor Arce, la exministra Elizabeth Arismendi, el procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro. Si tras un proceso se confirman esas responsabilidades, será la justicia la que determine los resarcimientos que el Estado merece.

_¿Cree que las dos negociaciones fueron frustradas a propósito o el argumento de que negociar con David Moscoso podría haber traído consecuencias judiciales para el Estado o el Gobierno es válida?

Ese es un argumento absurdo. Primero, el primer acuerdo formal de los 3 millones se hizo en 2008, la sentencia de David Moscoso por falsificación se emitió en 2009. Segundo, el argumento de que no se concretó el segundo acuerdo (el de los 27 millones) por oposición de Moscoso es contradictorio. No se pagan 3 millones para no amparar una falsificación, luego no se pagan 27 porque el falsificador se opone al pago, para terminar pagando 42,6 millones que se reparten los falsificadores Allan Fosk (Quiborax) y David Moscoso (NMM). Es una vergüenza sin límites.

_Pero estuvo en manos de este Gobierno la negociación, el procurador señala que hace mucho estaba pendiente el juicio en su contra y que esperaron a que termine el arbitraje para iniciar un juicio de responsabilidades en su contra, ¿qué dice usted al respecto?

Es una afirmación respaldada en meras palabras, sin sustento alguno. No merece mayor comentario.

_¿Ve que quieren anularlo vaya o no vaya como candidato presidencial?

Sin duda. Eso es más que evidente, la estrategia de demolición política y personal del Gobierno en mi contra se prueba no solo con este caso. Recuerde que a fines del año pasado pretendieron incluirme en la sentencia del caso misiles cuando no era acusado, ni siquiera testigo en ese proceso. En abril, se abrió una investigación en el caso Castillo de Arena intentando con expresa mala fe una implicancia que se derrumba por sí sola, la de las iniciales C.M. claramente referidas a C. Morales, como lo prueban los documentos de investigación de la Policía de Brasil. ¿Puede caberle a alguien duda alguna sobre dicha estrategia política? 

_¿Usted cree que el Gobierno quiere tapar su responsabilidad con usted?, ¿por qué?

Sí, por una razón evidente: la responsabilidad directa de los funcionarios y militantes de Gobierno antes citados en la desastrosa defensa de los intereses de Bolivia en el caso Quiborax.

_¿Cuáles fueron los errores del Gobierno en la defensa del Estado en este caso?

Muchísimos, explicitados en seis memoriales que le he hecho llegar al fiscal general entre mayo y junio de este año. Pero si tengo que escoger el mayor, es el siguiente: la piedra angular de la defensa boliviana era la falsificación del acta de composición accionaria de Non Metallic Minerals perpetrada por David Moscoso, Allan Fosk y otros. Delito probado por confesión de Moscoso con sentencia ejecutoriada. El texto del laudo del Tribunal dice: “Bolivia no invocó en esta etapa (ni tampoco lo hace ahora), las cláusulas de denegación de beneficios…en los artículos I.1.c y II considerados en el Protocolo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI)”. El citado protocolo establece que “las Partes en cuyo territorio se realicen las inversiones podrán exigir prueba de control efectivo de: una participación substancial directa o indirecta superior al 50% del capital o participación accionaria mayoritaria”. Bastaba con presentar la evidencia penal de la falsificación, apelando a las citadas cláusulas del protocolo, para frenar el arbitraje y, como queda probado, Bolivia no lo hizo.

_¿Se mantiene firme en la idea de no entrar en política?

Me mantengo firme en la idea de que el Gobierno quiere electoralizar prematuramente el escenario político. No se debe entrar en ese juego. Me mantengo firme en que Bolivia debe defender el referendo del 21-F y la prohibición de que el presidente sea candidato en las próximas elecciones.