El informe del caso de sobornos incluye la gestión del precandidato Carlos Mesa y sus colaboradores. Ven del oficialismo un afán de no dejarlo aspirar a la presidencia

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7 de enero de 2019, 4:00 AM
7 de enero de 2019, 4:00 AM

El procurador general del Estado, Pablo Menacho, espera la decisión del Ministerio Público sobre el caso Lava Jato para tomar una decisión de su intervención en defensa del Estado, en una posible investigación penal que ejercite esta instancia a varias exautoridades, incluyendo el ahora precandidato presidencial Carlos Mesa. Su entorno ve una estrategia del partido oficialista para bajarlo de su aspiración.

La pasada semana, el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que el informe redactado por una comisión mixta de la Asamblea Legislativa sobre presuntos sobornos que se esparcieron por varios países del continente, fue remitido a la Fiscalía departamental de La Paz para su análisis.

“Aún no nos han comunicado con el informe de la Asamblea Legislativa. Vamos a esperar que la Fiscalía emita su informe y en función a ello veremos cómo actuar como Procuraduría”, dijo Menacho a EL DEBER.

En estos casos de delitos en contra de los intereses del Estado, la Procuraduría se adjunta al rol de la Fiscalía contra los denunciados.

Como antecedente, ya en mayo del 2018, la Procuraduría presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Carlos Mesa y tres de sus exministros, después de que Bolivia perdiera un juicio internacional por $us 48,6 millones con la empresa chilena Quiborax. Pero el tema lo resolvió el presidente Evo Morales otorgándole amnistía en septiembre.

“Una arremetida”

Para los seguidores de Carlos Mesa, el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca ‘bajar’ al precandidato, en su interés por ocupar la silla presidencial con voto ciudadano.

Gustavo Pedraza, precandidato a la vicepresidencia que acompaña a Mesa, el Gobierno seguirá intentando, por todos los medios que tiene bajo su control, como el Ministerio Público, de afectar la imagen de su candidatura para detener el crecimiento del apoyo popular o bajarlo.

“En su desesperación para evitar salir del poder, el MAS seguirá acusándonos de cuanto caso se les ocurra; ya lo ha estado haciendo desde el Caso Quiborax. Sin embargo, esas acusaciones sin fundamento no nos han afectado ni nos afectarán. La gente sabe quién está con la verdad y del lado de la justicia y quiénes mienten reiteradamente”, declaró Pedraza.

Por su parte, el asambleísta paceño de Sol.bo Edwin Herrera presagió que en los próximos meses de esta “larga y complicada carrera electoral” rumbo a las elecciones de octubre este año, va a haber una arremetida constante en contra de los candidatos como Mesa y Pedraza.

“Va a ser una arremetida constante. Pero lo que debe quedar claro es que cuanto más atacan a Carlos y Gustavo, más respaldo recibe de la gente. Esto se observa en las encuestas que se publican, incluso las del Gobierno”, argumentó.

Ayer, se intentó hablar con Carlos Mesa y su abogado, Carlos Alarcón, pero ninguno de ellos contestó hasta el cierre de nuestra edición.

El Informe

En noviembre, el Legislativo aprobó el informe de la Comisión Especial Mixta que investigó el caso de corrupción, que tenía raíces en Brasil.

El informe da cuenta de indicios para sospechar que presuntamente se pagó sobornos al exministro de Obras Públicas, Carlos Eduardo Morales y los exgerentes del Servicio Nacional de Caminos (SNC) Jorge Peredo Flores y Luis Humberto Landívar.

Los sobornos habrían sido pagados por las empresas brasileñas Camargo Correa y Odebrecht, que se adjudicaron la construcción de las vías Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción. El informe señala que el expresidente Carlos Mesa y otras nueve personas tendrían “movimientos sospechosos” en bancos. Además, están mencionados Carlos Alarcón (viceministro de Justicia de Mesa), Luis C. Jemio (ministro de Hacienda), José A. Galindo (ministro de la Presidencia), Carlos Romero M. (viceministro de Energías) y Mario Moreno V. (ministro de Obras de Rodríguez Veltzé).

Sobre el informe

ANÁLISIS
Para la Fiscalía General, el informe del caso Lava Jato está en la jurisdicción de La Paz donde se realiza un análisis que determinará acciones sobre la documentación presentada.

NO PIDE JUICIO
La presidenta de la comisión mixta de la Asamblea Legislativa, Susana Rivero, aclaró el año pasado que el informe no pide un juicio al expresidente Carlos Mesa o a otras personas, sino el inicio de una investigación.

MOVIMIENTOS INUSUALES
El informe detecta en la cuenta de Mesa “movimientos inusuales o sospechosos de dinero” y presuntas irregularidades en el proceso de contratación.

PERSECUCIÓN
Carlos Mesa ha negado corrupción y acusa al oficialismo de perseguirlo políticamente para proteger sus propios errores sino para destruirlo.

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