Procuraduría aclara a Guillén el caso Quiborax y Mesa es proclamado
El expresidente cargó los $us 42,6 millones a los abogados del Gobierno, luego de que el ministro Guillén dijera que se lo procesa para recuperar ese dinero. El TSJ no tiene fecha para tratar la causa
No hay coordinación. Ayer quedó en evidencia que el gabinete de Evo Morales no tiene una única mirada respecto al objetivo de la acusación en contra del expresidente Carlos Mesa, a quien el Gobierno trata de iniciar un juicio de responsabilidades por la pérdida de los $us 42,6 millones que se pagaron a la concesionaria minera Quiborax, tras la derrota que sufrió Bolivia en un arbitraje orquestado por dicha compañía, a raíz de su expulsión en 2004.
Para el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, esos $us 42,6 millones que el Estado pagó a Quiborax tendrán que ser repuestos por el expresidente: ese es el propósito de los juicios que se iniciaron a Carlos de Mesa. Así lo sostuvo el domingo en el programa El pueblo es noticia, difundido por la red de medios bajo control del Ministerio de Comunicación.
Pero la Procuraduría General del Estado, cartera del Gobierno responsable de la proposición acusatoria en contra del también vocero de la causa marítima, tuvo que salir al paso ayer y corregir, aclarar, que en realidad el proceso en contra del exmandatario tiene como objetivo establecer la existencia -o no- de responsabilidad “por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax”, propósito distinto al que Guillén planteó.
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“Básicamente, los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones”, había dicho Guillén.
Pero el despacho del procurador Pablo Menacho publicó un comunicado ayer por la tarde, a modo de aclarar las cosas al ministro y a la población: “la Procuraduría General del Estado tiene a bien aclarar que la solicitud de proposición acusatoria presentada en fecha 22 de mayo ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A”.
Pero las palabras del ministro Guillén ya habían hecho efecto. El expresidente se irritó al punto de que, ayer en la mañana, en una publicación en su sitio en internet, respondió por escrito acusando “la acción canalla de un Gobierno y unos funcionarios que cometieron delitos de complicidad con una empresa extranjera”.
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La proclamación en El Alto
Mientras la Procuraduría aclaraba las cosas para Guillén, un grupo en El Alto se atrevió a proclamar a Carlos Mesa presidente, a pesar de que él dice que no quiere ser candidato en 2019. Según la agencia de noticias ANF, la proclama se registró en un céntrico hotel de la ceja alteña, en ausencia del líder opositor que en más de una encuesta figura como uno de los políticos de mayor apoyo del electorado que no vota al MAS.
Fátima Machaca, que fue subalcaldesa del masista Édgar Patana, fue la encargada de hacer la proclamación, según un reporte de la red ATB.
“El motivo fundamental de este acto es para exigir, pedir y solicitar que uno de nuestros líderes empiece a enfrentar a la dictadura. Por ello, ahora estamos todos con el firme propósito de decir: Carlos Mesa, presidente”, dijo a voz en cuello. Luego, otros miembros de la plataforma empezaron a corear: “¡Mesa, presidente! ¡Mesa, presidente!”.
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Sobre esta proclamación, ni el expresidente ni ninguno de sus colaboradores quisieron pronunciarse. Han optado por guardar silencio. El 29 de mayo de este año, cuando Carlos Mesa abandonaba la Asamblea Plurinacional tras ser interrogado por una comisión parlamentaria opositora por el caso Lava Jato, otro grupo de manifestantes coreó consignas para proclamar su candidatura.
Todo de cara a las elecciones de 2019 y en medio de un proceso que, según explicó José Antonio Revilla, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aún está en veremos. Es que los vocales de la Sala Penal del TSJ no han remitido a la plenaria una propuesta para autorizar un juicio de responsabilidades contra Mesa.
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En contexto
La acusación de Pablo Menacho
De acuerdo con la Procuraduría, la controversia internacional surgió por el incumplimiento a la ley 2564, de 9 de diciembre de 2003, al Decreto Supremo 27326, de 27 de enero de 2004 y al Código de Minería vigente en ese momento, en el gobierno encabezado por el expresidente Carlos Mesa.
La respuesta de carlos mesa
"El señor Arce y el señor Menacho son quienes deben responder por los 42 millones porque han cometido delitos, porque han hecho actos irregulares y porque han hecho una pésima defensa de nuestros intereses en el caso Quiborax", dijo Mesa, según cita ANF.
En manos de Égüez y aguayo
Los magistrados del TSJ Olvis Égüez y Edwin Aguayo componen la Sala Penal de ese alto tribunal. Ellos deben remitir a la Sala Plena un planteamiento sobre la proposición de juicio de responsabilidades contra Mesa y sobre los memoriales que presentó él.
