Privados rechazan que se les obliguen a pagar el alza
Observan una intencionalidad por parte del Gobierno hacia su sector. La reglamentación del Ministerio de Trabajo dispone que el sector público pueda negociar el incremento
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) expresó este viernes su rechazo a la reglamentación al incremento salarial fijado para esta gestión. Critican que el alza sea obligatoria para ese sector y no para el sector público.
"Denota la intencionalidad de algunas instancias del Gobierno, de afectar de manera persistente y sistemática la estabilidad y crecimiento del sector privado boliviano, al que se lo somete a un tratamiento clara y manifiestamente discriminatorio, con relación al régimen salarial que rige para el sector público", detalla un comunicado de esa instancia.
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Sostienen que "el Gobierno ha tomado la decisión que el incremento del haber básico en el sector privado sea sobre la base del 5.5%, y que el porcentaje final se determine en negociaciones con las organizaciones de trabajadores de las empresas, lo que las expone a exigencias o requerimientos adicionales, por parte de los trabajadores; mientras que, para las entidades públicas, permite que la decisión de efectuar o no el incremento".
Advierten que la decisión gubernamental de proteger únicamente la situación financiera de las instituciones públicas, muestra claramente su "absoluto desinterés por la generación y sostenibilidad del empleo digno y, sobre todo, por la situación que pueden atravesar las pequeñas, medianas y grandes empresas privadas".
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"Otra muestra de esta tendencia de ejercer el máximo nivel de presión sobre el sector productivo privado y los emprendedores, es la determinación de fijar plazos fatales para el pago del retroactivo y la presentación de acuerdos salariales" acota el documento.
La resolución incluye amenazas de multas onerosas, que pueden ir de 1.000 a 10.000 bolivianos, además de la realización de inspecciones para ver si las empresas vulneran los derechos de los trabajadores.