POLÍTICA

Presión de los políticos y  un proceso jaquean al TSE


Tiene menos de tres meses para definir si acepta o no la repostulación que fue desautorizada por el electorado en un referéndum que el mismo Órgano Electoral organizó en 2016. El MAS y la oposición amenazan con procesar a los vocales


Los colectivos que defienden el referéndum del 21-F llegaron hasta el palco principal
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15/09/2018

Los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitieron ayer un comunicado en el que, como ya había dicho la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, ratificaron que las primarias presidenciales se realizarán el 27 de enero. Por tanto, tienen menos de tres meses para definir si admitirán la repostulación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Eso les genera la presión de un plazo que les juega en contra. Además, están en medio de la pugna política ejercida por oficialismo y oposición, por lo que cualquier decisión que tomen podría generarles procesos que los llevarían a la prisión.

El primer elemento de presión es el tiempo. El documento emitido el viernes por el tribunal establece los siguientes hitos: la convocatoria a las primarias se emitirá el 19 de octubre; el último día para la presentación de libros de militantes por organizaciones políticas (para obtención de personalidad jurídica y la actualización de militantes) será el 24 de octubre.

Hasta el 13 de noviembre se permitirá el registro de solicitudes de alianzas por parte de las organizaciones políticas. Y el 23 de noviembre será el último día para la obtención de personalidad jurídica de los partidos.

La inscripción de los binomios será, según el TSE, el 28 de noviembre. Pero la fecha clave será el sábado 8 de diciembre, cuando el Órgano Electoral publique las candidaturas habilitadas que participarán en las primarias.

Luego, los miembros del TSE enfrentarán la presión política. La anterior semana, la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, adelantó esa misma fecha (27 de enero) para las primarias.

Pero entonces la vocal Dunia Sandóval salió al paso de esta declaración y sin aludir directamente a Montaño, señaló que “hubo especulaciones de fechas por parte del Legislativo, pero los que damos las fechas somos nosotros, el Órgano Electoral, y en eso estamos trabajando, en el calendario y en el reglamento”, declaró. Al final, en los hechos, el comunicado de ayer coincidió con la fecha que propuso la presidenta de la Cámara Baja.

La vocal Sandóval se excusó de conceder una entrevista a este medio, y dijo que los integrantes del TSE en este momento están inmersos en la redacción del reglamento de las primarias, que prometió que se dará a conocer a la brevedad posible.

El senador opositor Óscar Ortiz comentó que todo esto comprueba“una lamentable sumisión del Órgano Electoral a los intereses del oficialismo”.

Y siempre en la línea de las presiones, los integrantes de la Sala Plena se enfrentan a que dentro del peso de la responsabilidad de sus cargos, cualquier decisión que tomen puede tener consecuencias penales.

El artículo 29 numeral XII de la Ley de Organizaciones Políticas pone contra la pared a los integrantes del TSE.

Este artículo, que fue modificado en la Asamblea, y no estaba en la propuesta original del TSE, señala lo siguiente: “Los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas para las elecciones generales”, señala la norma, que además complementa que la única razón que puede revertir el carácter vinculante de estos resultados son la muerte o la enfermedad gravísima de alguno de los integrantes del binomio.

Así se configura un dilema muy complicado. El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y candidato a fiscal general, Iván Lima, advirtió de que si el TSE llegase a inhabilitar al binomio Morales-García Linera, habrá muchos militantes del MAS dispuestos a procesarlos penalmente. Lo contrario, si es que el TSE lo registra según lo estipulado en el mismo artículo 29, numeral IV, una legión de abogados y movimientos ciudadanos estarán dispuestos a enjuiciarlos.

En ambos casos, según Lima, se iniciaría el proceso al menos por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y prevaricato, “tipos penales que están en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, por lo tanto son imprescriptibles”.

Vladimir Machicado, de la plataforma paceña Bolivia dijo No, señaló: “Nosotros entregaremos toda nuestra lucha para que se cumpla la voluntad popular del referéndum de 2016. Esto lo haremos hasta que el TSE desista de habilitar al binomio que pretende imponer el MAS”.

De hecho, hay un piquete de huelga de hambre que se emprendió esta semana en la puerta del TSE. “Si es que el Órgano Electoral los habilita, generarán una convulsión terrible y demostrarán al mundo que hay una dictadura autoritaria”.

Además, dio por hecho que los integrantes del TSE “serán procesados moral y penalmente, porque estarían incumpliendo la voluntad popular de un referéndum que ellos mismos organizaron, la Constitución y su propia norma rectora”, dijo.

El senador Ortiz complementó que primero perderían toda legitimidad, un año antes de las elecciones generales. Segundo, “podrían ser demandados por miles de ciudadanos que entenderían que son vulnerados en su derecho al voto y en los resultados del 21-F, y, por lo tanto, incurrirían en delitos como resoluciones contrarias a la CPE y otras figuras penales”.

En la otra cancha, el senador oficialista Rubén Medinaceli recordó que existe “una sentencia constitucional que es vinculante, de cumplimiento obligatorio y no puede ser recurrida en ninguna otra instancia. “Por lo tanto, está claro que si el TSE inhabilita a nuestro binomio, pues incurriría en delitos y sus miembros tendrían que ser procesados”.

¿Una salida?

Iván Lima propuso una salida a ese tema: “Este hecho pone al TSE en posición peligrosa. Esto es materia constitucional”. Por lo tanto, el Órgano Electoral debiera presentar una acción concreta de inconstitucionalidad del artículo 29, inciso XII para que vuelva al Tribunal Constitucional y que esa instancia defina el tema.

El senador Ortiz dijo que ese tipo de propuestas, cuando menos, le genera “desconfianza”, principalmente porque se enviaría el poder de decisión a una instancia como el Tribunal Constitucional que es “servil” al MAS.