Para Romero nada justifica seguir con movilizaciones

El vicepresidente Álvaro García Linera prometió que en 15 días estará solucionado el tema Incahuasi y que ambas regiones estarán satisfechas, ¿es así?

Debemos remitirnos a la experiencia inmediatamente anterior, la resolución del caso Margarita-Huacaya, que generó un diferendo entre Tarija y Chuquisaca. En ese caso, luego de muchas reuniones que las llevé yo como ministro de la Presidencia, definimos que un estudio técnico independiente iba a establecer cuál era la ubicación del reservorio de Margarita y si tenía conectividad con Huacaya. Ese procedimiento, luego, lo recogió normativamente YPFB haciéndole un procedimiento permanente para casos similares.

La diferencia es que en esa oportunidad Tarija aceptó que había una conectividad, y nadie judicializó el tema. Por el contrario, se resolvió favorablemente. El estudio técnico estableció que había un 24,6% de conectividad, y gracias a ese estudio Chuquisaca hasta ahora ha ganado más de 160 millones de dólares desde el 2013 por regalía e IDH.

¿En este caso?

Se aplicó el mismo procedimiento, básicamente. Dos regiones que han recurrido a leyes republicanas que establecen los límites en lo fundamental y un estudio técnico que ha definido la ubicación de un reservorio cuya exploración hacia el subsuelo es de seis kilómetros. ¿Por qué hago este apunte?, porque el subsuelo en su forma externa adquiere una dimensión planimétrica, pero por la forma redonda del planeta, en su orientación hacia el subsuelo adquiere una forma de pirámide invertida. Entonces, mientras uno perfora más hacia el subsuelo, por la orientación al centro de la tierra, la forma que adopta un reservorio, ya sea mineralógico o hidrocarburífero, es de una pirámide o cono invertido. En este caso ni siquiera hay esa posibilidad porque son apenas seis kilómetros de perforación. Es decir, la ubicación de Incahuasi técnicamente no tiene posibilidades de incurrir en margen de error.

Por tanto, lo ideal hubiera sido que las dos regiones se sujeten al estudio técnico y cada una reconozca lo que realmente le corresponde. Pero, Chuquisaca llevó el tema al ámbito judicial, al interponer un recurso de amparo, y lo hizo bajo el argumento de que no existe correspondencia de fechas entre la presentación del estudio técnico, octubre de 2017 si no me falla la memoria y la culminación de la delimitación, noviembre de 2017, que se refiere al proceso de consenso, de conciliación entre los dos departamentos con la mediación del Viceministerio de Autonomías, sobre los 30 vértices que habían sido definidos en las dos leyes republicanas, y que se refieren al límite entre Villa Serrano y Pucará y que están lejos, de todas maneras, del campo Incahuasi.

De todas maneras, Chuquisaca aprovechó esta no correspondencia de fechas para decir que el estudio técnico se hizo tomando en cuenta límites que aún no eran precisos, no eran definitivos. Y el Tribunal Constitucional falló y definió que debe culminarse la delimitación y demarcación conforme a procedimiento legal y que debe hacerse un nuevo estudio técnico para, de acuerdo a los límites definitivos, pueda establecer la ubicación del reservorio. Hasta ahí las cosas están claras.

Pero el conflicto persiste, ¿no?

Cuando el presidente Evo Morales establece que uno no se puede salir del alcance de esta sentencia, lo hace no solamente por el respeto a la unidad jurisdiccional, sino sobre todo en aplicación del artículo 203 de la Constitución que señala que ningún fallo de una autoridad inferior puede contradecir la sentencia constitucional.
En el fallo del juez séptimo de Santa Cruz, él fue más allá de la sentencia, porque en su parte considerativa señala que habiendo un estudio anterior, cuando el TCP dispuso uno nuevo, igual se pueden descongelar las cuentas y en paralelo continuar con el nuevo estudio. Entonces eso generó problemas porque hace vulnerable esa decisión.
Nosotros dijimos que si nos alejamos en un centímetro del alcance de la sentencia constitucional, nos expondremos a que cualquier actuación administrativa se haga vulnerable judicialmente porque Chuquisaca, sobre todo, decidió llevar este problema al ámbito judicial.

¿Y qué viene ahora?

Nosotros tenemos que manejarnos en función de la sentencia. La primera parte manda que se concluya la demarcación y delimitación. Se ha hecho con la resolución 090 del Ministro de la Presidencia, el 29 de enero, y da por terminado el proceso de conciliación sobre los 30 vértices pendientes entre Villa Serrano y Pucará. Y segundo, se ha consolidado y blindado definitivamente este procedimiento a través de la ley de 30 de abril, promulgada por el presidente Evo Morales, mediante la cual se da por terminado el debate de los límites, porque al publicarse en la Gaceta es ya una ley que proviene de la Asamblea. Recordemos que Chuquisaca había anunciado impugnar la resolución del Ministerio de la Presidencia.

Pero habiendo una ley, no hay razón alguna para seguir debatiendo en torno al tema de los límites. El primer punto de la sentencia constitucional ya se ha cumplido.

El segundo punto es el nuevo estudio, el complementario, para confirmar y establecer la ubicación del reservorio. Ese estudio será presentado por YPFB, a más tardar, en dos semanas. Seguramente a eso se refirió el vicepresidente cuando ha dicho que en 15 días tendremos un resultado.
Una vez terminado ese procedimiento, no habrá pretexto alguno para seguir judicializando el tratamiento de este tema. ¿Cuál sería otro argumento?, no habría uno posible, sustentable, para problematizar esta cuestión y decir que queda algo oscuro, ambiguo o que no se cumplió.

Desde ese punto de vista, Bolivia estará tranquila y tomaremos Incahuasi como una bendición y no como un conflicto como se presenta ahora. Y asi como Chuquisaca se benefició con Margarita y Tarija fue leal, las dos regiones deberán acatar lo que corresponda y de esa manera cerrar este tema que no es el fin de la historia ni del ciclo gasífero en Bolivia porque nuevos campos se seguirán descubriendo en Bolivia y quien tiene un gran potencial a este respecto es Chuquisaca. Nada justifica que se continúe con este esquema de movilizaciones, de discursos incendiarios que no le dicen la verdad a la gente. Esto no se debe resolver políticamente y la forma técnica se enmarca en lo que el TCP ha decidido.

Para que quede claro, este campo está en territorio cruceño y no chuquisaqueño, ¿es así?

Efectivamente. Ratifico de todas formas que el estudio técnico lo confirmará, porque de lo contrario alguien nos podría decir que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, ha anticipado opinión. Consiguientemente ha quedado inhabilitado, aunque no es de mi competencia directa sino del Ministerio de Hidrocarburos, por eso hemos sido muy cuidadosos al decir que lo que diga el estudio técnico, eso es lo que corresponde acatar.

El Gobierno insiste en que las sentencias del TCP se deben cumplir, ¿no es cierto?

Así es.

El Colegio de Abogados de Santa Cruz manifestó a través de su presidente que el Gobierno no está viendo las regalías sino proteger la sentencia del TCP, para defender al mismo tiempo la sentencia de la reelección, ¿qué opina al respecto?

Ese tema se lo quiere politizar. Y quien se ha resistido hasta ahora a politizar este tema es el Gobierno nacional. Me parece que esa es la posición correcta. Lo que buscamos es el mayor blindaje jurídico, yo he señalado, y me criticaron en Sucre al decir que hay abogados que ante la falta de fundamento sustantivo recurren a la chicana y hay que blindar los pasos que demos para que se consolide la resolución de este problema y no siga expuesto a una judicialización innecesaria.

¿La acción de cumplimiento que presentaron los asambleístas cruceños, entre ellos algunos del MAS, ante el juez séptimo en Santa Cruz fue un error?  

Tienen que ser leales con su región. Lo hicieron de buena fe, legítimamente como representantes, en el buen propósito de fortalecer el posicionamiento de la región a la que representan. Si el fallo fue más allá, si no se compatibiliza plenamente con la sentencia, será la misma instancia la que deberá hacer esa valoración para establecer si existe o no ese problema. Obviamente esa decisión del juez fue impugnada por Chuquisaca con un nuevo recurso ante el Tribunal, que es un poco lo que anticipamos que puede suceder permanentemente si no nos enmarcamos estrictamente en la sentencia.

¿Esto ha generado tensión interna?

No para nada, nosotros sabíamos que los parlamentarios estaban accionando y están en su derecho.

Se habla incluso de diferencias entre usted y el ministro Arce, tomando en cuenta que ambos son representantes políticos del MAS en Santa Cruz y Chuquisaca, ¿no?

Cumplimos tareas de coordinación política con determinados departamentos, pero en última instancia somos gobierno nacional, y como tal debemos actuar de tal modo que ese sea el espíritu de nuestras actuaciones.

Hay analistas dicen que hay un cálculo del gobierno, con este tema, de evitar darle más recursos a Santa Cruz con Incahuasi, tomando en cuenta que eso sería administrado por la Gobernación, lo que no conviene en año preelectoral, ¿qué opina?

No, esa es una tontería. Santa Cruz ha obtenido por renta petrolera, desde la nacionalización, 14 veces más que lo que percibía por renta petrolera durante el neoliberalismo. Chuquisaca se benefició con el campo Margarita, Santa Cruz con la planta separadora de  líquidos.

Nosotros vemos un país como tal, nuestras decisiones no obedecen a si el gobernador Costas es o no nuestro compañero, o si lo es Esteban Urquizu. Miramos las cosas como Estado, no desde una visión feudalista, nada de eso, no sería serio para un Gobierno.