El Gobierno afirmó que no halló antecedentes penales, de Ramón C. Manríquez, en la Interpol, pero no descarto investigar. Tomas Monasterio habla de un trasfondo oscuro

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26 de julio de 2018, 14:00 PM
26 de julio de 2018, 14:00 PM

Los nexos del piloto del jet incautado por la Aduana boliviana el 6 de julio, con empresario condenado en Estados Unidos, siembra más dudas en torno al polémico caso. Un diputado denunció vínculos ilícitos de gente del Gobierno con el narcotráfico y el tráfico de armas. Desde el Ejecutivo dijeron que el piloto no tiene antecedentes en Interpol.

Desde 2011, Ramón Castillo Manríquez, fue piloto de José Susumo Azano Matsura, empresario mexicano, investigado por el FBI por actividades ilícitas como narcotráfico, soborno, extorsión, lavado de dinero y fraude fiscal.

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En 2017 fue sentenciado a tres años de cárcel en San Diego, California, por aportes ilegales a políticos. Fue el mayor escándalo político de este condado. Dos años atrás, en 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) de México también investigó por lavado de dinero.

Estos vínculos, según el diputado Tomas Monasterio, muestran un trasfondo oscuro y peligroso. “Lamentamos mucho que hasta hoy no haya un pronunciamiento claro del Gobierno”, dijo.

Denunció que el Poder Ejecutivo sigue mintiendo y dejó entrever vínculos de gente del Gobierno con actividades ilícitas. “Quiero acusar a las autoridades del Gobierno. Hay un aparato político que está protegiendo una organización criminal”, dijo.

Llegada y fechas

El avión según, registros oficiales, ingresó al país el 7 de abril de 2017 y permaneció en suelo boliviano por fallas de presurización. Pero una imputación formal por contrabando que hizo la Fiscalía al piloto de la nave, Ramón Castillo Manriquez y su copiloto, José Luis Cervantes, ingresaron al país entre marzo y abril.

Ante estos datos contradictorios, Monasterio llamó a las autoridades aclarar esta situación. Se buscó al fiscal asignado en la Aduana, Eddy Brañez. En su despacho, dijeron que está de vacaciones y que volvería en siete días. Luego EL DEBER visitó las oficinas del fiscal de Distrito, allí señalaron que no podía atendernos. “Los atenderá en agosto”, dijo una funcionaria.

En la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil) la respuesta fue igual, no pudieron atender el requerimiento.

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Romero: “Sin antecedentes”

Sobre estas nuevas revelaciones el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que maneja la seguridad del Estado dijo que se verificó en Interpol que los pilotos no tenían ningún antecedente penal.

Afirmó que se descartó realizar una investigación por narcotráfico porque la nave cumplió con todos los requisitos de ingreso cuando llegó al país. “De momento no hemos previsto ninguna otra pericia”, dijo.

No obstante, ante los nexos del piloto con el empresario detenido en EEUU, dijo que se evaluará un trabajo de investigación, pero que eso dependerá de cualquier requerimiento fiscal.

Para saber:

Si se apertura una causa a través de la parte operativa policial se investigará”, afirmó. Sobre las aseveraciones de Monasterio, el ministro dijo: “Yo no le respondo a ese señor que carece de credibilidad”.

Desde su incautación, el Gobierno dio varias versiones sobre la aparición del Jet, incluso sostuvo que ingresó ilegalmente al país. Pero esa tesis no encajó en este rompecabezas que no se termina de armar.