Rodríguez y Mesa, abiertos a que se los investigue
Los expresidentes coincidieron en que las supuestas denuncias de sobornos por el tramo Roboré-El Carmen, construido por la brasileña Camargo Correa, deben ser esclarecidas. Policía recurrirá a Interpol
Tras conocer detalles del pago irregular de cerca de $us 550.000, por la construcción del tramo Roboré-El Carmen, a cargo de la constructora brasileña Camargo Correa, los expresidentes de Bolivia Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé fijaron su posición y coincidieron en que lo más sensato es apoyar y pedir una investigación para determinar quiénes se beneficiaron.
Cabe aclarar que el documento del Ministerio de Justicia de Brasil, al que tuvo acceso EL DEBER, hace referencia expresamente a supuestos actos de corrupción a cargo de la empresa brasileña Camargo Correa, en la que estarían implicados un exministro de Vivienda y un ex gerente general del Servicio Nacional de Caminos (SNC).
En las pruebas recabadas por la Policía del vecino país, no se nombra a otras constructoras brasileñas como Odebrechet, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao u OAS, que también son parte de la operación Lava Jato.
Sobre el tema, fue Mesa el que brindó más detalles e indicó que los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción forman parte de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país, que fue declarado prioridad nacional mediante la Ley 1105 del 22 de septiembre de 1989.
Mesa sostuvo que, para garantizar la realización de estos tramos, durante su Gobierno emitió cuatro decretos; sin embargo, aclaró que debido a la grave situación económica del Estado, durante sus cuatro meses de gestión, no pudo conseguir el financiamiento para cumplir con la parte de los recursos, razón por la que los citados contratos no entraron en vigencia.
“Por todo lo expuesto, queda claro que en mi Gobierno se inició la adjudicación y la firma de contratos correspondientes para la ejecución de los tramos señalados, pero la imposibilidad de conseguir el financiamiento para la contraparte estatal impidió que estos entraran en vigencia. Fue el Gobierno que nos sucedió (Rodríguez Veltzé) el que adjudicó finalmente las obras y suscribió los contratos correspondientes”, sostuvo Mesa.
A su vez, Rodríguez fue más escueto y en su cuenta de Twitter indicó: “Manifiesto mi acuerdo y disposición de colaborar con todas las investigaciones conducentes a establecer la verdad sobre supuestas actividades ilícitas en la contratación y ejecución de obras por firmas constructoras brasileñas en Bolivia”.
Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, manifestó que su despacho va a colaborar en todas las investigaciones que realice la comisión legislativa que investigue el caso Lava Jato en Bolivia que anunció el presidente Morales.
“Si es necesario realizar una auditoría técnica, reforzar con algún tipo de investigación para ver la calidad de las obras realizadas, hay que hacerlo. Como Gobierno, estamos dispuestos a aportar y transparentar cualquier duda que pudiera existir”, señaló.
Claros precisó que su despacho también va a iniciar un análisis de todos los posibles elementos que se tengan observados. Para ello, especificó que toda la información documental sobre ejecución de proyectos se la tiene en resguardo tanto en el liquidado Servicio Nacional de Caminos (SNC) como en la actual Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), “donde se tiene toda la información documental y está abierta para ser analizada y revisada”, remarcó Claros.
Desde el oficialismo
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, informó que se solicitará la modificación del orden del día de la sesión ordinaria del Legislativo, que se fijó para hoy, para formar la comisión mixta que investigará las denuncias vinculadas al caso Lava Jato en Bolivia.
“Mañana (hoy martes) tenemos programada una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y vamos a solicitar, a pedido del presidente de la Asamblea (Álvaro García Linera), que se haga una modificación del orden del día de la sesión para que así podamos acelerar la formación de esta comisión”, dijo Montaño.
La titular de Diputados agregó que esta comisión estará conformada por legisladores opositores y oficialistas.
La diputada del MAS Susana Rivero añadió que la comisión deberá centrar su labor en saber quiénes recibieron dinero de forma ilegal para adjudicar obras en nuestro país.
A su vez, el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, indicó que para realizar la investigación debería de haber un cruce de información de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia (ASFI) y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) con legisladores de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú para contar con información y verificar si en las planillas, en las que se encuentran los pagos irregulares, figuran empresas, funcionarios o ministerios implicados en el caso.
Apoyo policial
El comandante general de la Policía boliviana, Faustino Mendoza, anunció que acudirá a la colaboración de la Interpol para recabar información sobre la operación Lava Jato, a fin de que permita abrir una investigación en Bolivia sobre posibles coimas de empresas brasileñas que se adjudicaron la construcción de carreteras.
Mendoza dijo que coordinará con la Fiscalía General del Estado para que, a través de la oficina anticorrupción, se pueda trabajar de forma conjunta y analizar los antecedentes.
El uniformado señaló que algunas personas serán llamadas en su momento según cómo vaya avanzando el cuaderno de investigaciones, que podría ser abierto una vez que la Fiscalía General del Estado instruya actos preliminares. No se conoce si será de forma paralela o conjunta al trabajo de investigación que solicitó el presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa.
La oposición
La senadora Jeanine Áñez cuestionó el hecho que recién el Gobierno decidió investigar a la Odebrecht en Bolivia, cuando hace más de un año, 11 países conformaron la Declaración para la Cooperación Jurídica Internacional contra la corrupción, con el fin de investigar los actos irregulares de la empresa constructora que desencadenó en la renuncia del presidente de Perú.
La senadora opositora desconfía de una investigación a nivel del Legislativo porque el MAS elegirá a los ‘funcionales’ de siempre haciendo aparecer como supuestos opositores.
El senador de la oposición Óscar Ortiz remarcó que es necesario abrir una investigación que incluya a las otras constructoras de Brasil que forman parte del operativo Lava Jato.
Según Carlos Mesa
Los pasos legales
Los DS 27693, de 2004, y 27794, de 2004, instruían al SNC licitar y suscribir el contrato para la construcción de los tramos Roboré-El Carmen y El Carmen-Arroyo Concepción.
Los recursos
El DS 27982, del 18 de enero de 2004, y el DS 27997, del 1 de febrero de 2004, aceptaban las condiciones de financiamiento.
La luz verde
El 27 de enero y el 14 de marzo de 2005, el SNC firmó los contratos para la construcción de los tramos Roboré-El Carmen, con el consorcio ARG-Camargo Correa, y el contrato para la construcción del tramo El Carmen-Arroyo Concepción, con el consorcio IASA-Odebrecht.
