BOLIVIA

Mesa pide convencer al Gobierno de que no será adversario de Evo en 2019


Un grupo de personas ovacionó al vocero del mar para que vuelva a ser presidente desde 2019. Esta mañana se presentó ante la comisión paralela que investiga el caso Lava Jato en la Asamblea

El exmandatario estuvo presente hoy ante la comisión paralela del Legislativo I Foto: UD.
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29/05/2018

"Ya he dicho mi palabra", así respondió hoy el expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos Mesa, consultado nuevamente si será candidato para las elecciones de 2019. Ratificó que no será adversario de Evo Morales, cuya candidatura volvió a calificar de "ilegal".

El exmandatario, que compareció ante la comisión paralela del caso Lava Jato, aseveró que "si usted logra convencer al Gobierno de que no hay una intención política de mi parte, sería una maravilla. El Gobierno considera no que soy un adversario político sino un enemigo político, porque el Gobierno entiende las cosas al revés". 

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Explicó que tiene el derecho, como cualquier ciudadano, de aspirar a una candidatura, pero consideró que este no es momento de hablar de política. "Para mi es obvio que hay una estrategia de demolición política", reiteró sobre los procesos que ahora le siguen.

Mesa es investigado ahora por el caso Lava Jato dentro de la Asamblea Legislativa y se le activó un proceso por Quiborax. Sostuvo que ambos procesos "son una vergüenza" y manifestó que está "indignado" por la forma en la que procede la justicia.

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"El día 22 dice que presentará una acusación al fiscal, el día 26, cuatro días después, un miembro del Tribunal Supremo de Justicia dice que ha recibido la petición del Procurador, yo no conozco que haya un caso en el que se actúe con la celeridad del rayo en un sistema judicial más lento que una tortuga", aseveró el exmandatario en conferencia de prensa.

Adelantó que junto a su abogado actuará inmediatamente y advirtió que "se pretende cubrir lo mal que han hecho el ministro de Defensa del Estado y tres procuradores en este tema", al perder la demanda presentada por la firma chilena, por la que el Estado tendrá que pagar más de 50 millones de dólares.



 




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