Mesa defiende la expulsión de Quiborax y ataca a la Procuraduría

El expresidente Carlos de Mesa defiende la expulsión de Quiborax como si de una nacionalización se tratase. El hombre que gobernó Bolivia entre octubre de 2003 y junio de 2005, exigió al Gobierno revisar su decisión de remitir a la Fiscalía el proceso de arbitraje internacional entre el Estado y la empresa chilena, por el que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones decidió que Bolivia debe pagar $us 48,6 millones a la empresa mapochina. 

Según el procurador general, Pablo Menacho, las decisiones de Mesa se enmarcan en los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esto fue refutado ayer por el exmandatario, que aseguró que la denuncia se apega a un plan de destrucción de su imagen y aseguró que Bolivia fue defendida de manera negligente, ya que la Non-Metallic Minerals, subsidiaria de Quiborax en Bolivia, no había invertido ni un millón de dólares al momento de ser expulsada. 

Esto no fue contestado por Menacho, que, según explicaron en su oficina, estaba de viaje y no había autorizado a nadie a dar declaraciones sobre este tema. 

En contra
Temprano, antes de que Mesa diera su conferencia de prensa, la Procuraduría emitió un comunicado justificando su decisión de pasar al expresidente a la Fiscalía. En él explica que la controversia surgió por la emisión del decreto 27589 que dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-Metallic Minerals S.A. Como el procedimiento de revocatoria no estaba contemplado en la ley 2564, aprobada por el mismo Mesa, que ordenaba declarar la nulidad de la concesión, no anularla.  

Quiborax presentó su solicitud de arbitraje en octubre de 2004, los litigios se desarrollaron entre 2010 y 2013 en el tribunal dependiente del Banco Mundial, en las que Quiborax pretendía indemnizaciones que ascendían a $us 150,8 millones entre compensación y resarcimiento por daño moral. La sentencia o laudo salió en septiembre de 2015 y ordenó pagar $us 57 millones. Luego de la apelación, la suma a pagar bajó a 48,6 millones. 

La respuesta de Mesa
En su conferencia de prensa, Mesa consideró que lo que tiene que hacer la Procuraduría es retirar su denuncia, porque tanto él cómo Eduardo Rodríguez Veltzé lo único que hicieron fue defender los recursos naturales de Bolivia, entre ellos la joya de esos recursos, el salar de Uyuni.  El expresidente comparó la expulsión de Quiborax con las nacionalizaciones de Evo Morales. Aseguró que detrás de la decisión había elementos de juicio claramente fundamentados, ya que la compañía chilena estaba explotando la ulexita boliviana de manera fraudulenta. 

“Cuando el Gobierno de Morales nacionaliza, tenemos que aplaudir, no importa cuánto pague en compensaciones. Cuando los demás hacemos una acción patriótica, se nos acusa y pretenden que se nos fiscalice”, dijo y aseguró que volvería a expulsar a Quiborax de Bolivia. Explicó que el Gobierno de Rodríguez Veltzé, pese a anular el decreto que emitió para echar a la compañía, ratifica la expulsión. “Hay errores de procedimientos que reconozco que se han cometido. La decisión es correcta, lo incorrecto es el procedimiento”, dijo. 

En el fondo, Mesa asegura que hay un intento de demoler su imagen de parte del Gobierno, que no espera a que concluya la investigación de la carretera Roboré-El Carmen para sumar el caso Quiborax. Sin embargo, aclara que su repuesta a esta denuncia no es victimizarse, sino responder con argumentos para defender su decisión. “Como he hecho siempre, respondo a la infamia sin rodeos y sin victimismo alguno”, dijo, mientras leía el documento que preparó para su conferencia de prensa.

Explicó que promulgó la ley 2564 para recuperar la reserva fiscal de la costra salina de Uyuni, que había sido menguada por la ley 1854 de 1998 y que luego expulsó a Quiborax por negarse a dar información a Impuestos Internos y a la Aduana Nacional, obstaculizando así las auditorías ordenadas por la ley. Además, aseguró que se demostró que hizo declaraciones fraudulentas de exportaciones y que esa irregularidad se demostró en las auditorías de Comibol y Sergeomin. 

Mesa recrimina a Menacho que no haya dicho que el decreto de Rodríguez Veltzé, si bien abroga el suyo, mantiene la expulsión de la compañía chilena, por considerar que las resoluciones administrativas de la Superintendencia de Minas que anulan las resoluciones constitutivas de las concesiones mineras de Non Metallic Minerals S.A, se encontraban en vigencia y causaban Estado. Además, recrimina al procurador cierta falta de coherencia, ya que en septiembre de 2015, cuando Bolivia pide la nulidad del laudo que la obligaba a pagar más de $us 50 millones, argumentó en su página 70 que “el decreto de revocatoria  se adoptó sobre la base de la ley 2564 y no es ilegal. Tanto el decreto de revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones… fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras”.

Es por eso que Mesa cree que, más que razones jurídicas, hay razones políticas para investigarlo. “Si el Gobierno del presidente Morales cree que el uso de los órganos del Estado bajo su total control para destruirme políticamente, me amedrenta, se equivoca. Con la verdad como arma no hay amenaza que doblegue mi espíritu y mis convicciones democráticas”, concluyó Mesa.

Exmandatario observa un dato de la comisión
Mediante una carta de su abogado, el expresidente Carlos de Mesa dijo a EL DEBER que en el informe de la operación Castillo de Arena, elaborado por Brasil, no establece en ninguna parte que el 18 de agosto de 2004 sea una de las fechas de pago de sobornos de la constructora brasileña Camargo Correa en favor de un funcionario del Gobierno identificado por las siglas C.M., como ha insinuado la diputada Susana Rivero, presidenta de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea que investiga los casos Odebrecht y Lava Jato, quien relacionó con esa fecha un viaje del exministro del expresidente Mesa, José Galindo Neder.

Según Carlos Alarcón, abogado de Mesa, la fecha correcta figura en el informe de la comisión en su página 20: se trata del 20 de agosto de 2008, cuatro años después del viaje a Brasil del exministro y un año después de su muerte.
EL DEBER revisó la página 20 y no consta pago de sobornos el 18 de agosto de 2004, pero tampoco figura la fecha que cita Alarcón.

El expresidente muestra sus viajes a Perú y a brasil que realizó durante su mandato
Ante la denuncia de Susana Rivero, presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea Plurinacional que investiga los posibles actos de corrupción cometidos por autoridades bolivianas en la concesión de obras a empresas brasileñas, Carlos de Mesa, expresidente del país entre 2003 y 2005 que licitó la ruta Santa Cruz Puerto Suárez, publicó en su blog una relación de sus viajes a Brasil y Perú cuando era presidente. 

Rivero había vinculado uno de los viajes de José Antonio Galindo, quien fuera ministro de la Presidencia de Mesa, con un soborno anotado en la investigación brasileña Castillo de Arena, algo que, según mesa, se produjo en 2008, tres años después de que él abandonó el Gobierno y un año después de la muerte de Galindo.

Según el detalle presentado, Mesa fue a Brasil entre el 17 y 19 de noviembre de 2003, a reunirse con Lula da Silva en Brasilia; entre el 13 y 15 de junio de 2004, para una asamblea multilateral en San Pablo; entre el 4 y 5 de noviembre a la cumbre del Grupo de Río, el 16 y 17 de diciembre a la Reunión Cumbre del Consejo de Presidentes del Mercosur en Ouro Preto. A Perú fue cinco veces, a firmar tratados comerciales, a la reunión del consejo presidencial Andino, a la creación de Unasur y a la conmemoración del aniversario de las batallas de Junín y Ayacucho. Estuvo en otras oportunidades en tránsito en el aeropuerto de Lima, puerta de salida para los viajes internacionales de los paceños.