Mesa: 'Hicieron perder al país $us 42,6 millones'

Según un documento oficial, el Gobierno tuvo un preacuerdo por tres millones de dólares, pero terminó erogando 42,6 millones. ¿Cómo ve eso?

Se trata de un elemento adicional a los ya existentes que prueban de manera incuestionable la pésima defensa que llevó adelante el Estado a través del Ministerio de Defensa Legal y la Procuraduría General. Si tú estás haciendo una negociación y viene una empresa que te plantea un acuerdo de buena fe y te dice que lo que te pide son tres millones de dólares y tú haces un análisis de costo-beneficio, y resulta que bloqueas ese acuerdo y te arriesgas al laudo arbitral, el resultado es que Bolivia perdió $us 42,6 millones y no se ahorró ni un solo centavo.

¿Y usted no fue lo suficientemente acucioso al disponer la reversión?

El procurador y el ministro Arce no dicen  la verdad cuando afirman que Bolivia llegó al laudo arbitral con irregularidades jurídicas que la ponían en desventaja. Nosotros aprobamos el 23 de junio de 2004 un decreto expulsando a Quiborax, pero hubo un problema jurídico: en lugar de usar ‘anulación’ se utilizó otra vía. El 28 de octubre de 2004 la Superintendencia de Minería dicta la anulación de las siete concesiones que recibió Quiborax, estableciendo la ratificación de su expulsión y, por lo tanto, este tema jurídico es subsanado. Pero no solo eso, el decreto de diciembre de 2005, del Gobierno de Rodríguez Veltzé, resuelve completamente el problema jurídico. Los pasos legales colocaron a Bolivia en impecable situación jurídica que no podía ser objetada por Non Metallic Minerals.

¿Por qué cree que el Gobierno se agarra de eso para decir que la derrota con Quiborax es culpa de Carlos Mesa?

Para protegerse del grave daño que han hecho Héctor Arce y Pablo Menacho. Sus errores son de una magnitud tal, el daño económico al Estado que han generado es tan grande, que estamos hablando de 42,6 millones de dólares. ¿Qué quieren hacer ellos? Taparse, descargar su responsabilidad en un tercero que hizo lo correcto, expulsó a una empresa pirata, que no solo falseó exportaciones, defraudó impuestos, incumplió leyes y, además, falsificó documentos para llevar adelante el laudo arbitral.

¿Usted cree que esa mala defensa de la que habla fue descuido o intencional?

Mis elementos de conocimiento, los hechos objetivos, me permiten decir que hubo una deficiente actuación, una lamentable actuación que hizo perder a Bolivia 42,6 millones de dólares, lo que yo critico de manera clara y, creo, debe ser motivo de un juicio en contra de los responsables.

¿Qué responde a Arce, que dice que usted cometió los errores y que por su culpa Bolivia perdió tanto dinero?

Es evidente que el ministro, que es responsable en parte muy importante de la pésima defensa del Estado, descarga la responsabilidad en mi persona. Pero mi respuesta es muy categórica: cuando llegamos al final del camino, diciembre de 2005, el Estado pudo establecer con claridad la legalidad que tuvo para la expulsión. Todas las insuficiencias que pudiera tener la norma fueron resueltas en tres instancias y la decisión política es incuestionable.