Diputada Rivero asegura que investigaron a la gerenta del Sedem sin resultados. Afirma que ‘coimas’ datan de gestión del expresidente; opositores ven protección del Gobierno

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10 de noviembre de 2018, 4:00 AM
10 de noviembre de 2018, 4:00 AM

El informe final de la comisión mixta que investiga el caso Lava Jato en Bolivia involucra al expresidente Carlos Diego Mesa y otras autoridades de su gestión; a la vez que descarta funcionarios de la actual gestión, tal es el caso de Patricia Ballivián, exgerente administrativa del Servicio Nacional de Caminos (SNC), y actual gerenta del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

Así lo anticipó la diputada Susana Rivero (MAS), para quien el Gobierno de Evo Morales no tiene responsabilidad debido a que ‘heredaron’ la contratación del consorcio Camargo Correa, para el tramo Roboré-El Carmen; y IASA-Odebrecht, para El Carmen-Arroyo Concepción. “Al adquirir un contrato, el siguiente gobierno lo cumple; igual que cuando un alcalde inicia la obra, el siguiente la continúa”, dijo.

Respecto a la firma de Ballivián en ambos contratos, como exgerente administrativa del Servicio Nacional de Caminos (SNC); y posterior ejecución de las mismas, como presidente interina de la flamante Administradora Boliviana de Caminos (ABC), aseguró que estuvo ‘bajo investigación’; sin embargo, no encontraron vínculos con Marcos de Moura Wanderley, CEO de la empresa Camargo Correa en Perú, o Carlos Fernando Namur, exdirector de esta firma en San Pablo (Brasil); como si lo hicieron con otras exautoridades.

Para opositores, esto demuestra el uso político del caso, por lo que la senadora Jeanine Áñez Chávez (UD), parte de la comisión de investigación paralela, adelantó que una vez concluido su peritaje, pedirán la intervención de la Contraloría General del Estado. El senador Arturo Murillo (UD), ratificó que Ballivián es una ‘ficha’ del vicepresidente Álvaro García Linera, al tener lazos familiares, por lo que tiene “protección del Estado”.

Celeridad en contratos

La ruta Roboré-El Carmen, se adjudicó el 18 de enero, y se firmó días después, el 27 de enero de 2005; mientras el 1 de febrero de 2005 se adjudicó el tramo El Carmen-Arroyo Concepción, y el 14 de marzo de ese año se aprobó el contrato con Odebrecht; que por falta de financiamiento se firmó el 20 de diciembre, tras conseguir el financiamiento de la CAF.

La diputada Betty Yañiquez (MAS), argumentó que si bien la ejecución de las obras fue en la era del MAS, se hizo en una etapa en la que ya no se podía intervenir, coincidió con la exgerente del SNC que se aprobaron con celeridad por ocho decretos previos de Mesa y Rodríguez Veltzé.

Consultado al respecto, la investigadora del Cedla, Silvia Molina, observó que en el caso de la obra financiada por la CAF, pudo regirse bajo normas bolivianas; y no a través de decretos directos, no ocurre lo mismo cuando el préstamo es de un banco exterior, como el de Brasil, que pone sus condiciones. Consideró que pese a las firmas, había un margen para rechazarlos, y derogar los decretos, siendo potestad del Gobierno, y tomando en cuenta la continuidad que tuvo Ballivián.

Cruce de acusaciones

La diputada Rivero afirmó a través de un video en YouTube, que si bien la Policía Federal de Brasil situó el pago del soborno 12 entre 2005 y 2009, en la era Veltzé y Morales, resulta ‘indiscutiblemente’ que los primeros se produjeron durante la gestión del expresidente Mesa.

El exministro y abogado de Mesa, Carlos Alarcón, rechazó estas afirmaciones, y dijo que “violan la reserva de la investigación”, ya que dan nombres, antes de presentarla ante la Asamblea, lo que le quita seriedad. “No les conviene investigar a sus amigos, los hacen quedar como angelitos, lo único que les interesó fue investigar a Mesa”, dijo.

 

La comisión mixta de la asamblea también contempla investigar a un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y otro de Rodríguez Veltzé, según se anticipó. 

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