El segundo debate rumbo a las elecciones judiciales dejó ver que hay una especie de fondo común de propuestas entre los postulantes: se sabe qué  se tiene que cambiar del Tribunal Constitucional, falta implementarlo

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16 de noviembre de 2017, 4:00 AM
16 de noviembre de 2017, 4:00 AM

Fue un foro sin vencedores ni vencidos en el que quedaron en claro casi todos los males que afectan a la justicia  constitucional en Bolivia. Los cuatro postulantes por Santa Cruz al Tribunal Constitucional Plurinacional se presentaron anoche en el foro organizado por el Tribunal Electoral Departamental, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y el Diario Mayor EL DEBER. Allí se comprobó que hay una especie de consenso sobre las cosas que se necesitan cambiar del máximo guardián de la Constitución, que la Carta  Magna es elogiable en temas de derechos y garantías para los ciudadanos, pero que falta difundirla para que la ciudadanía la utilice para defenderse.

Fue un foro con mucho menos colmillo político que el que protagonizaron los postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, mucho más curtidos  que  sus pares del Constitucional, con más años de experiencia en la administración judicial a sus espaldas y con más contactos políticos que los que discursearon anoche en el Paraninfo Universitario. 

No se dejaron ver tantos operadores políticos como en el anterior foro y quedaron muchas butacas del teatro universitario sin ocupantes. Había barras, pero menos organizadas. Se vio algunos con una chalina verde que hacía juego con la que lucía Carolina Tania Cabrera Tapia. Mientras, los adeptos de Isidora Jiménez Castro ocuparon los primeros asientos, los de Carlos Alberto Calderón Medrano estaban más dispersos y eran principalmente universitarios. Todo lo contrario sucedía con los de Leslie Diana Cedeño Vargas, que tenía menos seguidores, todos maduros, relacionados con luchas por los derechos humanos.

Callan y hablan lo mismo
La difusión de la Constitución y la descentralización del Tribunal Constitucional a través de juzgados especializados para evitar la mora procesal se mencionaron como temas clave por los cuatro candidatos. No hicieron referencia a la tecnología, como sus colegas del Supremo, porque el Constitucional ya tiene una plataforma en línea a través de la cual los litigantes pueden seguir sus  procesos sin necesidad de estar en Sucre, lo único que  la mayoría de los ciudadanos no lo saben. 

No hablaron sobre la sospecha de corrupción o de falta  de credibilidad del Tribunal Constitucional. Solo Calderón dijo que la justicia les ha fallado a los bolivianos en los últimos seis años. Ninguno de ellos se refirió o consideró un problema la falta de independencia de todo el poder judicial. Para remarcar la ausencia de estos cuestionamientos, por coincidencia, ninguna de las preguntas del público estaba  referida a la reelección del presidente, algo que en estos seis años de gestión de justicia elegida ha puesto en duda precisamente al TCP. 
Tampoco hubo reproches sobre el tiempo que llevaba uno y otro postulante en la administración judicial sin lograr cambios significativos. Esa fue una de las herramientas de ataque indirecto en el anterior foro. En resumen, fue un encuentro con mucho menos garra electoral y menos diferencias que el encuentro del Tribunal Supremo. Eso sí, al encapsularse en las atribuciones del TCP evitaron prometer cosas que  dependen  de otra institución, como el Consejo de la Magistratura  o incluso el Órgano Ejecutivo. 

“Yo soy”
Ante un empate tan pronunciado en las propuestas, el currículo y cómo querían presentarse  ante  los presentes fue lo único que marcó la diferencia. 

Arrancó Calderón, una especie de versión contemporánea de los doctores de Charcas. Ni bien estrenó su título de abogado fue  asesor del Concejo Municipal de Sucre y de ahí, a La Paz, a la Asamblea Legislativa, donde fue director legislativo del Senado. De ahí pasó a la Corte Electoral y finalmente aterrizó en Santa Cruz como encargado distrital del Consejo de la Magistratura. Se muestra como el más técnico de los cuatro. Habla de la necesidad de crear un árbol de jurisprudencia, por ejemplo, para que un tema similar no se juzgue con diferentes medidas. 
Isidora Jiménez Castro trata de mostrarse como la más capaz y preparada del cuarteto. Hace gala de su origen humilde, de haber terminado la escuela en una nocturna y de haber alfabetizado a su madre, de sus logros como juez en lo civil a cargo de tutelar la Ley 247 de propiedad privada y recuerda que falló sobre más de 600 trámites de regulación de derecho propietario en el distrito 6. Es la que más habla de valor, de
temor a dios y de defender a la familia con principios. 

Tania  Cabrera hace relucir sus orígenes vallegrandinos y haber trabajado en la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional republicano cuando estaban juristas de la talla de Wilman Durán y Rolando Roca. Toda su carrera la ha dedicado a la jurisdicción constitucional y, como estuvo a cargo de las gacetas judiciales de los dos órganos en los que trabajó, es la que más énfasis pone en la difusión de la Carta Magna y de las leyes como una forma de mejorar la justicia.

Leslie Cedeño es la única que no ha pasado por la administración pública y su carta de presentación  son 19 años de trabajo en Casa de la
Mujer, “defendiendo a mujeres, niñas y adolescentes”, repica. Haber estado del lado de quienes sufren por la retardación de justicia y lidiar por un fallo justo sin apenas dinero es su principal carta de presentación y promesa de transparencia. 
Aún tendrá oportunidad de mostrar sus diferencias. El martes 21 responderán las preguntas de los lectores de EL DEBER en un programa de radio. 

Lo que hay que saber de las elecciones del 3 de diciembre

1.- Se elegirán autoridades del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.

2.- El Supremo y el Constitucional se eligen en circunscripción departamental; es decir, hay cuatro postulantes por cada departamento. El agroambiental y el Consejo de la Magistratura son de circunscripción nacional y tienen 14 y 10 postulantes, respectivamente.

3.- Los 96 candidatos pasaron por un  proceso de selección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el que también participó el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. La oposición cuestionó que dos tercios de los postulantes hayan sido funcionarios públicos.

4.- Mientras el oficialismo asegura que el proceso de preselección fue transparente, la oposición promueve el voto nulo para mostrar el rechazo a la elección.

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