Legislativo inicia debate sobre el indulto que beneficiará a 3.000 reos
El pleno de la Asamblea analiza la decisión presidencial que busca beneficiar a cerca de 3.000 privados de libertad en el país. Se aplicará por sexta vez la medida humanitaria
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) inició hoy el debate del Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto parcial para privados de libertad en cárceles del país, medida que se aplica por sexta vez y que se prevé beneficie a 2.753 reos, algunos con sentencia ejecutoriada y otras con detención preventiva.
"Es un acto humanitario de parte del presidente, está dirigido a personas que tienen enfermedades terminales, mujeres embarazadas y hoy se tratará el decreto presidencia, que tiene amplio apoyo de la bancada del MAS. Permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles, no de forma drástica, pero ayudará", afirmó el diputado oficialista, Franklin Flores.
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Dentro de las cárceles del país existen más de 18.000 internos, de los cuales más del 65 por ciento todavía no fueron condenados y sus causas aún están en proceso, es decir, son detenidos preventivos.
Los detenidos preventivos o con medidas sustitutivas podrán acceder a la amnistía, en caso de que la pena sea menor o igual a cinco años o a ocho años. También se aplicará para los privados de libertad con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal, mujeres con 20 semanas de embarazo o que tengan bajo su cuidado a niños menores de seis años y personas mayores de 65 años.
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En el caso del indulto, parcial o total, solo será para los presos con sentencia ejecutoriada; en el primer caso se reducirá la tercera parte de la pena, será para los reos con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal y embarazadas.
Los indultos presidenciales empezaron a ser emitidos en 2012. En aquella oportunidad dejaron la cárcel 234 personas, en 2013 fueron indultados 1.733 procesados, en 2014 el beneficio alcanzó a 1.698 internos, en 2015 la medida permitió dejar en libertad a 1.656 reclusos y con la norma de 2016, que fue aplicada hasta finales del año pasado, no se consiguió dejar fuera del hacinamiento penal ni a 500 personas.
