La Unodc pide mayor atención a los programas de reinserción social para exreos

El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc por su sigla en inglés) en Bolivia, Thierry Rostan, pidió este jueves a las organizaciones civiles y al gobierno que otorguen mayor atención a los programas de reinserción social dirigidos a personas privadas de libertad.

Rostan remarcó que el apoyo en la etapa pospenitenciaria de las entidades públicas y privadas que trabajan en el área de la justicia penal, generará impactos positivos en la sociedad y la seguridad ciudadana, mediante la reducción de los riesgos de reincidencia, según señala un boletín de la Unodc

Las palabras del representante se produjeron durante la inauguración del Consejo Consultivo Departamental Penitenciario 2019 de La Paz, organizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Régimen Penitenciario, y la UNODC,

El Consejo Consultivo fue inaugurado por el Director Departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Ernesto Vergara, y el Director Nacional de Seguridad Penitenciaria, Cnel. José García. Este evento dirigido a funcionarios penitenciarios, dependencias gubernativas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas privadas de libertad, tiene el propósito de proyectar las próximas gestiones penitenciarias a nivel departamental.

Entre los desafíos de la reforma penitenciaria en Bolivia, el Representante de la UNODC resaltó la necesidad de reducir la alta cantidad de detenidos preventivos en espera de juicio y el hacinamiento crítico, así como la de mejorar el acceso a servicios básicos de alimentación, saneamiento y salud integral en los centros de reclusión y de aumentar programas educativos masivos para la población privada de libertad.

Rostan manifestó que el país se encuentra en una dinámica legal muy importante con la promulgación de la Ley de Abreviación Penal porque puede reducir el hacinamiento carcelario al limitar la aplicación de la detención preventiva. Además, resaltó los 7 decretos presidenciales de indulto y amnistía emitidos entre 2012 y 2019 porque beneficiaron a cerca de 6.700 personas privadas de libertad.

Finalmente, sostuvo que una reforma eficaz del sistema penitenciario involucra no solo a las instituciones públicas, sino también a las organizaciones civiles en la aplicación de un sistema de justicia que se traduzca en seguridad pública, reducción del crimen y la garantía de que las personas privadas de libertad sean reinsertas a la comunidad de manera eficiente.